Justicia laboral

Juan Javier Gómez Cazarín.
Cuando los estados miembros de las Naciones Unidas definieron, en 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para orientar la ruta hacia un mundo mejor entendieron que uno de los requisitos indispensables era garantizar el acceso a un “trabajo decente”. Y no sólo eso, sino que lo entendieron como elemento fundamental y obligadamente ligado al “desarrollo económico”.
En razón de eso “Trabajo decente y desarrollo económico”, así, unidos en un solo enunciado, ocupan el lugar 8 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda de Naciones Unidas para el 2030.
Este matiz no es menor: durante milenios la humanidad ha sustentado su desarrollo pisoteando derechos de los que trabajan honradamente. Monarquías absolutas de Oriente y Occidente, feudalismo, colonialismo, nazismo, capitalismo (y su expresión más voraz, el neoliberalismo) han hecho poca diferencia en la vida diaria del que se gana la vida con sus desvelos, con la fuerza de sus músculos, con la habilidad de sus manos, con la creatividad de sus mentes.
Mujeres y hombres en esclavitud descarada o disfrazada han edificado palacios, levantado rascacielos, tendido vías férreas, excavado canales, explotado minas, perforado pozos, cultivado tierras. Han puesto en movimiento la maquinaria de la industria y han alimentado las enormes fortunas de un puñado de privilegiados.
La práctica no solo es injusta, sino innecesaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador, nada más llegar, desmontó el mito de que el salario mínimo no podía aumentarse a niveles más decentes porque ello dañaría a la estructura misma del sistema económico. Bajo el gobierno de la Cuarta Transformación el salario mínimo pasó de 88 a 123 pesos. Casi 40 por ciento de incremento, que los propios empresarios han reconocido como un incremento justo, que nos encamina a recuperar el poder adquisitivo perdido en décadas.
Como sabiamente lo estableció la ONU, el acceso al trabajo decente no es en contra de los intereses nacionales, sino al contrario: es una condición sin la cual no podemos hablar de justicia social.
Las y los diputados aprobamos la semana pasada la iniciativa del gobernador Cuitláhuac García Jiménez de alinear la Constitución Política de Veracruz con la Constitución General de la República en materia de justicia laboral. Su propuesta no podría ser más coherente con la visión de la 4T. Incluye desaparecer las Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por jueces laborales y la implantación de un nuevo sistema que privilegia la conciliación y evita juicios añejos.
Una propuesta coherente por el contenido y simbólica por el momento, dado que el 7 de enero se cumplieron 113 años de la matanza de las y los obreros de Río Blanco, que en desventaja jurídica, numérica y de fuerza pero armados de valor enfrentaron al régimen de Porfirio Díaz para exigir condiciones laborales justas.
Más de un siglo después, en condiciones diametralmente opuestas, Veracruz es vanguardia en derechos laborales.
*Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.