© Proporcionado por La Jornada El 21 de agosto de 1994, ruandeses Hutus despiden a tropas francesas en Cyangugu, al suroeste del país africano. Foto Ap

No obstante, la comisión encargada del informe, presidida por el historiador Vincent Duclert, señala que «nada demuestra» que Francia haya sido «cómplice» del genocidio que se desencadenó el 7 de abril de 1994, al día siguiente de un ataque contra el avión del entonces presidente Juvénal Habyarimana.

La relación entre ambos países ha permanecido envenenada durante más de 25 años por las violentas controversias sobre el papel de Francia en este exterminio. El Palacio del Elíseo indicó que espera que ayude a desarrollar y mejorar las relaciones con Kigali.

«Francia continuará sus esfuerzos en la lucha contra la impunidad de los responsables» del genocidio, indicó el viernes el presidente francés, Emmanuel Macron.

Por su parte Ruanda se congratuló por la publicación, que constituye «un paso importante hacia una comprensión común del papel de Francia».

El documento, de más de mil páginas y realizado en base a telegramas diplomáticos y notas confidenciales, apunta a la responsabilidad crucial del presidente socialista de entonces, François Mitterrand (1981-1995).

Mitterrand brindó un apoyo casi «incondicional» al régimen «racista, corrupto y violento» del presidente Habyarimana, frente a una rebelión tutsi considerada como dirigida desde la Uganda anglosajona.

El mandatario socialista tenía «una relación fuerte, personal y directa» con Habyarimana, señalan los 14 historiadores de la comisión, entre los que se encuentran expertos en el Holocausto, la matanza de armenios y el derecho penal internacional.

Esta relación, a la que se sumó la obsesión de hacer de Ruanda un territorio de defensa de la francofonía, justificó «la entrega de considerables cantidades de armas y municiones al régimen de Habyarimana, así como la amplia participación de los militares franceses en el entrenamiento de las fuerzas armadas ruandesas».

Francia ignoró las alertas

Ya en octubre de 1990, fecha de una ofensiva del Frente Patriótico Ruandés (FPR, antigua rebelión tutsi dirigida por Paul Kagame, actual presidente de Ruanda), París se adhirió a la causa del régimen de Habyarimana.

Lanzó la operación militar Noroît, que debía proteger a los extranjeros, pero que en realidad constituyó una presencia «disuasoria» para proteger al régimen contra la ofensiva rebelde.

Aunque instaba a Habyarimana a democratizar su régimen y a negociar con sus opositores -lo que condujo a los Acuerdos de Paz de Arusha en agosto de 1993-, Francia ignoró las numerosas advertencias de oenegés, diplomáticos o miembros de los servicios secretos, en Kigali o París, que alertaban de la deriva extremista del régimen y de los riesgos de «genocidio» de los tutsis.

«Cabe preguntarse si, al final, los responsables franceses querían realmente escuchar un análisis que contradecía la política aplicada en Ruanda», escriben los historiadores.

El informe señala también la responsabilidad del Estado Mayor Presidencial (EMP) de Mitterrand, dirigido por el general Christian Quesnot y su adjunto, el coronel (ahora general) Jean-Pierre Huchon. Mitterrand falleció en 1996 pero los dos militares, ahora jubilados, aún viven.

«La EMP tiene una responsabilidad muy importante en la instauración de una hostilidad general por parte de la presidencia francesa hacia el FPR», reza el informe.

El documento denuncia también «la existencia de prácticas irregulares» de este órgano que se saltó todos los canales regulares de aplicación de la política francesa sobre el terreno con la aprobación tácita del presidente. «Ningún documento muestra la voluntad del jefe de Estado de sancionar a estos militares o de frenar sus iniciativas», señala el informe.

«Tardó en romper» con el gobierno

Cuando estalló el genocidio, Francia «tardó en romper» con el gobierno ruandés y siguió considerando a la amenaza del FPR como «el centro de sus preocupaciones», escriben los historiadores.

«Reaccionó tardíamente» con una operación militar-humanitaria, conocida como la misión Turquesa, entre junio y agosto de 1994, «que permitió salvar muchas vidas, pero no las de la gran mayoría de los tutsis ruandeses exterminados en las primeras semanas del genocidio», añaden.

Sus autores afirman también que las autoridades francesas «se negaron a detener» a los autores intelectuales del genocidio que se habían refugiado en la zona bajo control francés. Este es uno de los puntos más controvertidos de la acción francesa en Ruanda.

El genocidio terminó con la victoria del FPR en julio de 1994. Desde entonces, Francia ha mantenido relaciones tensas con Ruanda, marcadas por la ruptura de relaciones diplomáticas en 2006.

Con información de La Jornada