El micrositio tiene tres objetivos, entre los que se encuentran publicitar y transparentar los contratos del Gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19; dar utilidad a la información mediante un ejercicio de transparencia proactiva; así como descubrir áreas de oportunidad para mejorar la información publicada por los sujetos obligados.
Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pone a disposición de la sociedad el micrositio Contrataciones Públicas ante la Emergencia, el cual contiene 2 mil 182 contratos identificados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que fueron celebrados por 42 entidades y dependencias del Gobierno federal para atender la pandemia del coronavirus.
A través de un comunicado, se dio a conocer que entre enero de 2020 y marzo de 2021 la suma de los montos de contratos, la mayoría del sector salud, es superior a los 14 mil millones de pesos.
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez, Coordinador de los trabajos para desarrollar el micrositio, recordó que el Gobierno dotó a seis dependencias de facultades para realizar compras mediante adjudicación directa: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (SSA).
Según el micrositio Contrataciones públicas durante la emergencia, el Gobierno pagó entre 2 mil 400 hasta 6 mil 725 pesos por un termómetro infrarrojo, así como 340 pesos por un cubrebocas KN95.
Los datos arrojados mostraron que en junio de 2020, el ISSSTE adquirió 3 mil mascarillas N95 a 340.52 pesos cada una con un proveedor llamado Carlos Pérez Rodríguez, también compró 30 termómetros infrarrojos en 6 mil 250 pesos cada uno al proveedor Javier Israel Romero Sánchez.
Además, en abril también el ISSSTE compró batas desechables, con un costo de 600 pesos por pieza y tela adhesiva en 81 pesos por pieza a la Surtidora de Productos Hospitalarios de Campeche.
“El ISSSTE compra mucho, pero de a poquito y el IMSS no compra tanto, pero de a más; el promedio de contratos del ISSSTE es de 2 millones de pesos, mientras que el del IMSS es de ocho millones de pesos y el de Sedena es de dos millones de pesos”, expresó el Comisionado Oscar Guerra Ford.
Durante el mes de agosto, el Instituto Nacional de Cancerología compró guantes de látex para cirujano en 393 pesos cada pieza al proveedor Abel Alejandro Cabrera Rodríguez.
El Hospital Infantil de México obtuvo a 17 pesos la pieza hisopos de la empresa Diproqyn. La Sedena compró gasas secas cortadas de algodón estéril a 83 pesos con Degasa SA de CV. El Instituto Nacional de Perinatología consiguió el litro de gel antibacterial a 361.60 pesos por litro.
Los 11 mil 634.28 millones de pesos fueron gastados por dependencias de Salud; mientras que los 2 mil 541.82 millones de pesos restantes se utilizaron por Cofepris, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sedena y la Secretaría de Marina para adquirir insumos relacionados con la COVID-19.
El sector Salud firmó mil 937 contratos, de los cuales el 95.6 por ciento, mil 851 contratos, fueron asignados por vía adjudicación directa por 11 mil 384 millones de pesos.
Las otras dependencias firmaron 245 contratos en 15 meses, el 94.7 por ciento fueron por adjudicación directa por 2 mil 402.87 pesos, tres por invitación restringida y 10 por licitación pública, según el análisis de información.
El ISSSTE es quien tiene más contratos, con mil 310. Le siguen Sedena, con 234; Insabi, con 220; IMSS, con 204.
A pesar de eso, el IMSS cuenta con los montos más altos contratados, con 8 mil 835 millones de pesos; después están Sedena, con 2 mil 532 millones; y el ISSSTE, con 2 mil 388 millones de pesos.
Guerra Ford destacó que el micrositio tiene tres objetivos principales que son “publicitar y transparentar los contratos del Gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19; dar utilidad a la información que se encuentra en la PNT, mediante un ejercicio de transparencia proactiva; así como descubrir áreas de oportunidad para mejorar la información publicada por los sujetos obligados”.