El juez Theodore D. Chuang prohibió al director del FBI avanzar con el traslado de la agencia a Washington, alternativa al proyecto de Maryland
Un juez federal bloqueó este lunes el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de frenar el traslado de la sede del FBI a Maryland y determinó que la Administración actuó de manera ilegal al revertir una decisión adoptada durante el mandato de Joe Biden para construir las nuevas instalaciones en ese estado.
El juez Theodore D. Chuang, del Distrito de Maryland, prohibió al director del FBI, Kash Patel, y al fiscal general, Todd Blanche, avanzar con el traslado de la agencia al edificio Ronald Reagan, en el centro de Washington, una alternativa escogida por la Administración Trump para sustituir el proyecto de Maryland.
El magistrado concluyó que el Ejecutivo no podía ignorar la decisión de la Administración de Servicios Generales (GSA), que en 2023 había seleccionado Greenbelt después de un proceso de evaluación de varios años.
La disputa comenzó después de que Trump anunciara en 2025 que quería mantener la sede del FBI en Washington y posteriormente propusiera trasladarla al edificio Ronald Reagan.
El Gobierno justificó el cambio como una opción más económica y eficiente, mientras que Maryland y el condado de Prince George’s alegaron que la Administración había vulnerado las directrices aprobadas por el Congreso y había desviado fondos destinados específicamente al proyecto en Greenbelt.
La sede actual del FBI, el edificio J. Edgar Hoover, situado en la avenida Pennsylvania de Washington, lleva décadas en malas condiciones y distintos estudios han señalado deficiencias de seguridad y mantenimiento.
Maryland había defendido el proyecto de Greenbelt como una oportunidad para atraer inversión y empleos al condado de Prince George’s, después de competir durante años con Virginia por albergar las nuevas instalaciones de la principal agencia federal de investigación.
El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, celebró el fallo y afirmó que la decisión trasciende la ubicación de un edificio y supone una defensa de la autoridad del Congreso frente al Ejecutivo.
Con información de EFE.
