• En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro a celebrarse este 28 de septiembre.
En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la diputada Maribel Ramírez Topete presentó un Anteproyecto con Punto de Acuerdo por el cual hace un llamado a las autoridades ministeriales, judiciales y de salud para la no criminalización de las mujeres, en respeto a sus derechos a la autonomía reproductiva y libre desarrollo de la personalidad, salud, igualdad y no discriminación.
En el uso de la voz, la legisladora señaló que a pesar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en el 2021, establecer a los jueces del país como obligatorio resolver los juicios por interrupción del embarazo apegado a los derechos referidos, actualmente aún existen casos que son estigmatizados, representando una grave violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, revictimizando y provocando una falta de acceso a la justicia.
En este sentido, expuso que recientemente la Primera Sala del Máximo Tribunal, falló en que la sola calidad de mujer o persona con capacidad de gestar es suficiente para reconocer el interés legítimo para impugnar la regulación del delito de aborto. Asimismo, la misma sala concedió el amparo para que el Congreso de la Unión derogue las normas que criminalizan el aborto voluntario -auto procurado o consentido-, resolviendo que es inconstitucional anular el derecho a decidir.
De la misma forma, explicó la presidenta de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género, la SCJN determinó como inconstitucional la norma que impone la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico, comadronas y parteras que practiquen un aborto o proporcionen ayuda para su ejecución, “por lo que no puede seguir concibiéndose al aborto como un delito y a la mujer como responsable penalmente, aun cuando no se le castigue”, señaló.
En Veracruz, dijo, si bien el aborto está legalizado dentro de las primeras 12 semanas de gestación, hay mujeres recluidas por este motivo, por lo cual solicita que las y los juzgadores se apeguen a lo determinado por el Máximo Tribunal y las dejen libres, “deben acatar la perspectiva de género y eliminar las desigualdades en los procesos penales”.
