Por Aurelio Contreras Moreno
En un afán desesperado por levantar su alicaída imagen, desde el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez han montado rocambolescas tramas pseudojurídicas para intentar acreditarle responsabilidades a la administración yunista, mismas que no aguantan un mínimo análisis y que pueden incluso compararse con las mismas conductas que se criticaron el bienio anterior.
Por ejemplo, el pasado 16 de julio el secretario de Desarrollo Social del Gobierno de Veracruz, Guillermo Fernández Sánchez, presentó una denuncia en la Subdelegación de la Fiscalía General de la República en contra de “los funcionarios de la administración pasada que resulten responsables” por “irregularidades en la ejecución de los trabajos de un contrato de obra pública” relativas a “la construcción de cuartos dormitorio para los municipios de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza”, que se construirían con recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del ejercicio fiscal de 2018, por un monto de 32 millones 427 mil 527 pesos.
Sin embargo, la denuncia carece de sustento por dos razones: la primera, que aun cuando se invirtieron recursos federales, no le corresponde a la FGE conocer de este asunto porque, tal como lo reportó el propio gobierno estatal, las obras solamente están inconclusas y la responsabilidad recae en la empresa contratista, que es a la que debería exigirse el cumplimiento de su obligación, siendo la vía para ello la Fiscalía General del Estado.
La segunda razón es porque aun cuando pudiera acreditarse la competencia de la Fiscalía General de la República, se trata de recursos que todavía están en proceso de revisión y fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos resultados serán presentados hasta el mes de febrero de 2020, de acuerdo con los tiempos estipulados en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, por lo cual aún no existe un dictamen al respecto.
Caso similar es el de las cuatro denuncias presentadas el pasado 4 de junio por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), también ante la FGR, por presunto daño patrimonial por poco más de 56 mil millones de pesos, relativo a la contratación e instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia que llevó a cabo el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, así como por irregularidades en la Cuenta Pública Consolidada de 2017 en las que se acusan “manipulación y simulación de los registros contables”.
El análisis de estas denuncias arroja que no tendrán repercusión legal por varias razones: en primer término, no se siguió el orden previsto en las leyes para su presentación, que pasa primero por la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz y que al momento de interponerse la querella no había aprobado los repentinos “hallazgos” del Orfis, los cuales no “encontró” en su momento.
Asimismo, al existir recursos federales en la contratación del Sistema de Videovigilancia, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación determinar responsabilidades y presentar denuncias. Empero, este organismo no encontró irregularidades importantes en el manejo de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas de 2017 que se usaron para tal fin, como ya lo estableció en su informe de resultados para ese periodo.
De igual manera, en el caso de lo señalado en la Cuenta Pública Consolidada de 2017, se observa que los asientos contables que se dice fueron simulados corresponden al ejercicio fiscal y a la Cuenta Pública de 2016, y no fueron observados en la auditoría que el propio Orfis practicó a la Secretaría de Finanzas, que en ese entonces era manejada por duartistas. Misma situación en el caso de los fideicomisos por los que se reclaman casi nueve mil millones de pesos.
Toda esta pirotecnia judicial tiene como objetivo fincarle responsabilidades al anterior gobierno para probar que se combate la corrupción. Y de paso, buscar la vía para cumplir con lo que se ha convertido en una obsesión para el actual gobernador Cuitláhuac García: remover al fiscal yunista Jorge Winckler Ortiz.
Pero para ello están recurriendo a tinglados similares a los que montó en su momento el yunismo para perseguir duartistas, más políticos que jurídicamente fundados. Y ya sabemos cómo han acabado las querellas de la anterior administración.
Ello no quiere decir que no se hayan cometido excesos e ilegalidades en el bienio de Yunes Linares. Sin embargo, con argumentos legales tan endebles, lo único que lograrán es que, al igual que los duartistas, nadie responda por lo mal hecho y lo malhabido.
Es lo que pasa cuando se somete la justicia a la política. Lección que nadie parece querer aprender.
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