El Gobierno federal aplazará dos meses, hasta el cierre de julio, el plazo para que 1.6 millones de servidores públicos presenten su declaración de modificación patrimonial anual.
La Secretaría de la Función Pública difundió este lunes un proyecto de Acuerdo que establece que, por la emergencia de Covid-19, no es posible que las declaraciones sean presentadas a más tardar el 31 de mayo, como establece la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
El proyecto fue difundido en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y sólo surtirá efectos cuando sea publicado en el Diario Oficial.
El Acuerdo explica que, con las nuevas reglas en esta materia, el número de personas en la Administración Pública Federal que tienen que presentar declaración patrimonial subirá de 346 mil a 1.6 millones, pues incluso sindicalizados tendrán que presentarla, aunque con un formato simplificado.
«En virtud del crecimiento exponencial de sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses, se necesita de una campaña de difusión constante, la capacitación y el asesoramiento presencial para el llenado de los formatos, sobre todo para aquéllas personas que presentarán su declaración por primera vez, acciones que actualmente no pueden realizarse en virtud de las medidas de restricción de movilidad y contacto físico para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2», dice el Acuerdo.
La ley general es de aplicación nacional, por lo que es muy probable que los gobiernos estatales también acordaran aplazamientos para las declaraciones de sus empleados, tanto de confianza como sindicalizados.
Lo mismo aplica para los órganos autónomos federales, que no se rigen por los acuerdos de la SFP, ya que tienen sus propias contralorías, al igual que las empresas productivas del Estado.
Fuentes oficiales informaron que el Consejo de la Judicatura Federal, que supervisa a más de 45 mil funcionarios de juzgados y tribunales, acordó desde el 25 de marzo suspender los plazos para presentar declaraciones patrimoniales, incluidas las de jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
La nueva fecha límite para los funcionarios judiciales será fijada por el CJF dentro de los quince días siguientes a la regularización de actividades, por ahora prevista para el 6 de mayo.
En cuanto a las declaraciones inicial y de conclusión, para funcionarios recién designados o que dejan el cargo, tendrán que presentarlas en cuanto la SFP levante la suspensión de sus plazos legales.
Información: Reforma
