Activistas denunciaron que las Fuerzas Armadas y el CNI incumplen la orden presidencial de entregar archivos sobre la “Guerra Sucia”
Activistas del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) exigieron al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a las Fuerzas Armadas entregar archivos sobre la “Guerra Sucia“, periodo de represión estatal entre las décadas de 1960 y 1990.
El MEH denunció en un pronunciamiento que “ha experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad, inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de las policías”.
Este mecanismo es parte de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de violaciones graves a derechos humanos de 1965 a 1990, creada en octubre de 2021 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el año pasado prometió abrir los archivos del Ejército y la Marina.
Los activistas recordaron que el mandatario ordenó desde 2019 a las oficinas de Gobierno transferir al Archivo General de la Nación (AGN) “la totalidad de los documentos históricos que posean y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas”.
“Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional), la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y el CNI”, advirtieron en el posicionamiento.
La comisión busca esclarecer los hechos desde finales de la década de 1960 hasta parte de la de 1980, cuando el Estado mexicano, dominado entonces por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), persiguió a disidentes políticos, líderes sociales, campesinos y estudiantes, lo que dejó cientos de desaparecidos.
En 1977, la activista Rosario Ibarra de Piedra fundó el Comité ¡Eureka!, formado por madres que buscaban a sus hijos capturados por las fuerzas del Estado y que contabilizó al menos 564 desaparecidos por la “Guerra Sucia”.
Las Fuerzas Armadas de México acumulan acusaciones de obstruir información sobre violaciones a derechos humanos, como denunció el mes pasado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
