• Deben primar la protección a la familia y el interés superior del menor, señala la diputada Maribel Ramírez Topete.
Por medio de una Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción VIII al Artículo 373 y la fracción IV al Artículo 376 del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la diputada Maribel Ramírez Topete propuso la incorporación del delito de feminicidio en dichas porciones normativas para la suspensión y la pérdida de la patria potestad.
En su intervención durante la Segunda Sesión Ordinaria del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, la legisladora expuso que la fracción a incorporarse al Artículo 373 indica que la patria potestad se perdería cuando quien la ejerce sea condenado por delito de feminicidio en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a la patria potestad.
Asimismo, la fracción IV, que se añadiría al artículo 376 del mismo Código, prevé que la patria potestad se suspendería por el auto de vinculación a proceso dictado por el delito de feminicidio o su tentativa, en contra de la madre de las niñas, niños y adolescentes sujetos a la patria potestad.
Maribel Ramírez Topete explicó que su propuesta privilegia el principio del interés superior del menor y, por tanto, la exigencia de protección a la familia que se establece en el artículo 4° constitucional, como un derecho humano, así como de los artículos 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Dijo que se trata de cuidar a las infancias y adolescencias en los casos en los que el padre es señalado, aun como presunción, ante la inexistencia de una sentencia definitiva en el caso de la suspensión, de manera preventiva y protectora ante aquellos infantes obligados a convivir con sus padres y familiares de violentadores de sus madres. Así, “será suspender de manera cautelar la patria potestad de los padres vinculados a proceso por el delito de feminicidio de las madres y retirarla o perderla luego de una sentencia condenatoria definitiva”.
Con la adhesión de la diputada Verónica Pulido Herrera, esta iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
