La pandemia permite a Italia emprender un proceso de integración laboral impensable hace algunos meses
La pandemia ha sacudido el tablero político italiano y el árido terreno de las cifras ha desactivado parte del discurso populista. El Gobierno anunció el miércoles por la noche la regularización de unos 250.000 inmigrantes que trabajan como jornaleros en el campo o en el servicio doméstico de miles de hogares. Una medida impensable hace solo unos meses, cuando el discurso antinmigración propulsaba a la Liga de Matteo Salvini a cotas altísimas de popularidad.
El primer ministro, Giuseppe Conte, había dado ya las gracias y se disponía a pasar el turno de palabra al titular de Sanidad durante la rueda de prensa de la presentación del decreto económico que repartirá 55.000 millones de euros en ayudas a trabajadores, familias y empresas. Pero Teresa Bellanova, ministra de Agricultura, jornalera desde los 14 años y feroz sindicalista agraria, quiso añadir algo: “Hoy los invisibles lo serán menos. El Estado es más fuerte que la criminalidad y los explotadores”, lanzó entre lágrimas. Acababa de anunciar una regularización masiva de inmigrantes para suplir la mano de obra en el campo. En torno a unos 250.000, según los cálculos del Istat y del Ministerio del Interior, que podrán acogerse a una histórica legalización que el propio Conte, con un 60% de apoyo en las encuestas, ha decidido cargar sobre sus hombros. Algo impensable hace solo algunos meses en la Italia de puertos cerrados.
Cientos de miles de migrantes podrán acogerse a la medida que contiene el decreto bautizado como Relanzamiento. Una apertura social que desafía la lógica electoral de los últimos tiempos en Italia y que muestra la confianza en sí mismo de Conte, que tiró del carro en una coalición dividida en este asunto. El Partido Democrático (PD) aceptó enseguida la propuesta de la ministra Bellanova, miembro de Italia Viva (el partido de Matteo Renzi), que anunció su dimisión si no pasaba la iniciativa. Pero el otro socio, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), no quería asumir el coste de una regularización que sacude el tablero político de Italia en los dos últimos años.
La medida —el papa Francisco la apoyó en una de sus misas matinales en la residencia de Santa Marta— es una prueba de resistencia para el discurso antinmigración de Matteo Salvini. Retórico y geográfico. Uno de los principales problemas de explotación en el campo se produce en Calabria, región por la que el líder de la Liga se presentó con éxito como senador. Parte de su expansión meridional se basó en una agresiva campaña contra la inmigración irregular, muy presente en los campamentos de jornaleros de dicha región controlados por la organización mafiosa ‘Ndrangheta. En San Ferdinando, por ejemplo, viven hacinadas, entre tiendas de plásticos y hojalata, unas 3.000 personas. Un polvorín que ya explotó en 2010 con las revueltas de Rosarno y ha servido a la derecha para mantener viva aquí la tensión electoral. Ahora todos esos inmigrantes, también los que son explotados en las regiones de Apulia (de donde procede Conte) o Campania (Nápoles), podrán acogerse a la medida y pagarán impuestos.
Las regularizaciones masivas no son nuevas en Italia ni pertenecen a la izquierda. Lo recordó el propio Conte durante la rueda de prensa del miércoles. En la historia de la República se han hecho ocho veces. El Gobierno de Silvio Berlusconi, apoyado por la Liga, legalizó a 647.000 extranjeros en 2002. Repitió de nuevo en 2006 con 170.000 más y en 2009, con otros 300.000 inmigrantes. La diputada del PD Susanna Cenni cree que “es una operación de justicia hacia hombres y mujeres, no solo migrantes, que trabajan en la agricultura en condiciones casi de esclavitud”. “Nos da la posibilidad de hacer transparente una situación que estaba en manos de criminales. Algunas estimaciones hablan de un volumen de negocio de 25.000 millones [de euros] de las mafias relacionado con la agricultura. Y sí, la política ha determinado otro clima, puede ser. Pero era una operación justa. Social y económicamente. Quitarle dinero a la mafia es un buen negocio para un país”, señala.
La pandemia ha limitado notablemente la resonancia del populismo, descolocado en el terreno de las cifras. Los problemas son otros, señalan todas las encuestas. Salvini se ha dejado ya unos nueve puntos desde que comenzó la crisis. Y aunque los episodios racistas no cesan —el caso de la cooperante Silvia Romano, convertida tras un largo secuestro, es un ejemplo de islamofobia—, un sondeo de SWG para el canal La7 señalaba esta semana que el 44% de los italianos está a favor de la regularización de inmigrantes. Y no solo en el campo.
La agenda ha cambiado, subraya el politólogo Piero Ignazi. “Este tema no tendrá ningún efecto negativo sobre Conte. La gente está pendiente de si abren los bares, los comercios, sus empresas. El panorama ha cambiado, sí. Pero además, es una medida más aceptada hoy porque va dirigida a unas personas que todos saben que trabajan. Están en los campos y en el servicio doméstico. No hay hostilidad social”. Pero nadie lo habría firmado hace solo algunos meses.
Con información de El País
