La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al Congreso de México que en la próxima discusión sobre la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) se impulse un debate “abierto, plural y apegado a los principios de libertad de expresión y de prensa“.
La entidad señaló en un comunicado que la petición se produce ante la “falta de certezas” sobre las consecuencias de lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación con las obligaciones a las que están sujetos los concesionarios de radio y televisión en aspectos que inciden sobre la libertad de expresión.
Debido a que la decisión de la Corte estuvo motivada exclusivamente por lo que se consideran aspectos de forma, existe preocupación de que cuando el Congreso mexicano discuta sobre el fondo, vuelva a introducir elementos perturbadores para la libertad de prensa”, subraya la SIP, con sede en Miami, Florida (EE.UU.).
Destaca que las posibles medidas tomadas por la Corte permitirían al Estado obligar a los medios electrónicos a que en sus informativos diferencien espacios de opinión e información, impondría códigos de ética y restablecería las “defensorías” de audiencia, que pudieran imponer criterios editoriales.
“Además de la intromisión en los contenidos, que restaría independencia a los medios, existe el riesgo de la viabilidad de estas empresas de comunicación, por cuanto las autoridades podrán sancionarlas con multas de hasta el 3 % de sus ingresos y clausurarlas por faltas reiteradas”, advierte la SIP.
El presidente de la entidad, Jorge Canahuati, expresó preocupación “ante la posible amenaza de poner límites a derechos universales que garantizan la libertad de información y opinión en los medios, bajo la excusa de velar por los derechos de las audiencias”.
Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, instó al Congreso a impulsar un proceso legislativo en el que se escuche la opinión de diversos actores, entre ellos los medios.
Dijo que sería “desastroso para México que se censuren las libertades prensa y expresión o que se alineen esas disciplinas a la voluntad de alguna ideología partidaria o política”.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, agregó que “la legislación que se adopte debe dar certeza jurídica a concesionarios, comunicadores y trabajadores de los medios, permitiéndoles desempeñar sus funciones desde la autorregulación, la libertad y la autonomía editorial”.
Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, instó a los legisladores “a no adoptar medidas legales restrictivas”.
Recordó que “los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y El Salvador crearon leyes y decretos disfrazados de ventajas para la población, pero que terminaron con un efecto bumerán en contra de los medios y el derecho del público a la información”.
En enero de 2017, directivos de la SIP se reunieron en la capital mexicana con autoridades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano encargado de vigilar el cumplimiento legal de las telecomunicaciones y la radiodifusión, para contrarrestar las medidas que ahora se estarían “reflotando”, dice el comunicado.
La SIP expresó entonces que las regulaciones convertirían a México en un “Estado censor”.
Con información de EFE
