La Secretaría de la Función Pública (SFP) destituyó a un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT) e impuso multas a este y otros dos exfuncionarios por más de 85 millones de pesos.
La SFP agregó que “por la omisión de implicados no se pudieron cobrar créditos fiscales y dañaron al erario”.
En un comunicado, la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, anunció las sanciones “de inhabilitación y multas resarcitorias” a dos ex servidores públicos y uno más en funciones, a quien se destituyó.
✅ La Secretaría de la Función Pública destituye a servidor público del @SATMX e impone multas resarcitorias millonarias.
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— SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) March 3, 2021
La funcionaria agregó en la nota que se trabaja de manera conjunta y coordinada con el SAT “para prevenir y castigar ineficiencias y posibles actos de corrupción en los que pudieran estar involucrados funcionarios públicos”, con lo que se contribuye a la correcta recaudación fiscal.
En un primer caso, tras una investigación el Órgano Interno de Control (OIC) en el SAT sancionó con inhabilitación por 10 años y multa total por 56.9 millones de pesos a un subadministrador local jurídico, quien también fue destituido, y a una exjefa de Departamento de lo Contencioso, adscritos a la ahora administración desconcentrada jurídica de la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco.
Se apuntó que al dar seguimiento a una denuncia presentada por la administración central de impuestos internos del SAT, el OIC determinó que luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la deuda de una persona física, “los funcionarios no realizaron las gestiones necesarias para emitir un crédito fiscal, lo que resultó en daño al erario al no poderse recuperar el monto millonario equivalente a la multa impuesta”.
En otro caso, luego de una denuncia presentada por la administración general de evaluación del SAT, y tras la respectiva investigación y procedimiento de responsabilidades, el OIC sancionó con inhabilitación por 10 años y multa económica por 28.7 millones de pesos a un exabogado tributario adscrito a la auditoría fiscal de Chihuahua.
El OIC en el SAT determinó que, faltando a sus responsabilidades, el ex funcionario público “realizó una indebida notificación a una empresa, lo que ocasionó que ya no se le pudiera cobrar un crédito fiscal por la cantidad señalada”.
Con información de EFE
