Aurelio Contreras Moreno
De nada valieron los llamados a entrar en razón por parte de asociaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales. El régimen lopezobradorista dio un paso adelante en la militarización de la seguridad pública del país al aprobarse este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que dará paso a la creación de la Guardia Nacional.
Los cambios que se le hicieron al dictamen original fueron una gigantesca tomadura de pelo, así como los foros en los que supuestamente se escucharía a la sociedad civil. La Guardia Nacional será un cuerpo de seguridad militarizado, por más que los panegiristas de la “cuarta transformación” lo quieran disfrazar de un órgano de carácter civil.
Porque lo único que será civil en la Guardia Nacional será su adscripción administrativa a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Para efectos operativos, su mando será militar, a través de una “junta de jefes de Estado Mayor” integrada por representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México.
El dictamen aprobado por mayoría en la Cámara de Diputados establece que el nuevo cuerpo de seguridad estará sujeto a una disciplina homologada a la militar. Y en consonancia, tendrá un régimen homologado al de las Fuerzas Armadas en materia de disciplina, estructura jerárquica, servicios, ascensos, prestaciones e ingreso, que estará a cargo de la Sedena.
De igual manera, se aprobó que los integrantes de la Guardia Nacional estén sujetos al fuero militar, tal como lo establece la reforma al artículo 13 constitucional en el apartado que señala que “las faltas y delitos contra la disciplina militar serán conocidas por las autoridades y tribunales militares que correspondan”.
Pero por si no se ha terminado de convencer acerca del carácter castrense de la Guardia Nacional, los artículos transitorios no dejan lugar a la especulación. En el numeral Segundo, se dispone que “la Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente decreto con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República”. Y agrega: “el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará a los integrantes de los órganos de dirección superior de dicha corporación”.
El transitorio Tercero establece que “los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones”. Y el Cuarto es todavía peor: “el Sistema Nacional de Seguridad Pública implementará un esquema de fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de los cuerpos policiales, bajo objetivos cuyos resultados sean verificables”.
Resulta claro cuál es la premisa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para enfrentar la violencia y la inseguridad en el país: continuar con el uso de la fuerza, el fuego combatiendo al fuego. En los hechos, nada diferente a lo que hicieron los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, lo cual le costó a México un cuarto de millón de muertos en doce años y un incremento exponencial de la criminalidad más sanguinaria.
Aunque sí hay una diferencia entre López Obrador y sus antecesores, y es en una cuestión fundamental que tendrá consecuencias para el futuro inmediato del país: el actual presidente dotó a las fuerzas militares de este inmenso poder en el texto constitucional. Y lo más irónico es que para lograr la mayoría que necesitaba en la Cámara de Diputados, su partido, Morena, terminó aliado con el PRI.
La guerra que viene y sus muertos, son ahora su responsabilidad.
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