• Reforma al Código Penal del estado para aplicar la sanción correspondiente, plantea el diputado Rubén Ríos Uribe.
El diputado Rubén Ríos Uribe presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del estado para que quienes incurran en el delito de exposición de menores de edad o personas incapaces de valerse por sí mismas, además, de sufrir las penas y multas previstas en la Ley, pierdan la guardia y custodia, así como el sustractor.
En la exposición de motivos de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 157 del Código Penal del Estado, el legislador sostuvo que ésta permitirá a la Fiscalía General del Estado contar con elementos claros y precisos para vincular a proceso a quienes incurran en esa conducta.
De acuerdo con la propuesta, podrá ser objeto de esta sanción quien facilite la sustracción de una persona menor o incapaz de valerse por sí misma para favorecer a algún familiar. Este proyecto plantea inhibir la posibilidad de que familiares separen de sus hogares a niñas, niños, adolescentes y personas incapaces de valerse por sí mismas. La consecuencia jurídica será la pérdida de la guardia y custodia tanto del familiar beneficiado como de quien facilite el hecho.
Ríos Uribe consideró que el referido Artículo 157 es imperfecto y que no existe una sanción que restrinja los derechos de guardia y custodia de quienes han cometido una conducta ilícita. Por lo que, si el sujeto activo fuese quien ejerce la patria potestad o tutela del pasivo, se le sancionará además con la suspensión o pérdida de los derechos derivados de la guardia y custodia en términos del artículo 373 del Código Civil del estado.
Esta Iniciativa, según su autor, tiene el propósito de garantizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y personas incapaces de valerse por sí mismas, a fin de tutelar y proteger su integridad física, de acuerdo con lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades” de la Agenda 2030.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su estudio y, en su caso, dictaminación.
