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jueves, abril 18, 2024

Proponen legisladores reformas a la Ley estatal de Derechos y Culturas Indígenas

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• Para fortalecer el derecho y las garantías de los pueblos indígenas, sus tradiciones, usos y costumbres.

El diputado Ricardo Arturo Serna Barajas, integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz (ANV), presentó ante el Pleno, en su décima segunda sesión ordinaria, una Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz, con lo que se busca fortalecer el derecho y las garantías de los pueblos indígenas, la cultura de los derechos humanos, sus tradiciones, sus usos y costumbres.

En Veracruz, destacó en tribuna, la Constitución Política del Estado, reconoce la composición pluricultural y multiétnica de la entidad, estableciendo que la identidad se encuentra sustentada en los pueblos originarios, “somos el tercer Estado de la República con mayor población indígena”.

La Ley especial, reglamentaria de las disposiciones constitucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, continuó el legislador, por la importancia de los pueblos originarios, prevé la integración de un Consejo Consultivo Estatal, en el que estén representados todos los pueblos indígenas de Veracruz, por lo que es necesario fortalecer el marco normativo actual, para ajustarlo a las necesidades institucionales de ese organismo deliberativo.

Dijo que se propone darle certidumbre jurídica, dentro de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, para establecer que el Consejo Consultivo Estatal sea considerado como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Oficina del Gobernador; y que para la difusión de la riqueza cultural indígena, el mes de agosto de cada año, sea establecido como Mes de las Culturas Indígenas Veracruzanas.

Para armonizar el nombramiento del titular de la Dirección General Indígena del Consejo Consultivo con el contenido general de la Ley, se propone en la Iniciativa modificar ese término para que sea conocido solamente como presidenta o presidente del Consejo Consultivo Estatal. Además, se propone un procedimiento que debe seguirse en caso de renuncia o ausencia de quien presida el Consejo, “con lo que se genera un mecanismo claro para su sustitución”.

Asimismo, se establece el quórum legal requerido para la validez de las sesiones del Consejo, así como la atribución de las y los representantes de los pueblos indígenas para que, de entre ellos, se nombre a quien dirija la sesión, por única ocasión, en caso de ausencia de quien preside el Consejo.

Igualmente se plantea un mecanismo para la sustitución de los representantes de los pueblos indígenas, en caso de renuncia o ausencia, sin causa justificada, a más de tres sesiones consecutivas, estableciéndose también las causales de remoción de los representantes de los pueblos indígenas y la facultad del Congreso del Estado para emitir el acuerdo respectivo, por sí mismo o a solicitud del propio Consejo.

Acorde con la denominación actual de la Fiscalía General del Estado, se establece en la propuesta, que se debe modificar el termino de Procuraduría a Fiscalía, así como incorporar los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimientos Administrativos para autoridades administrativas y se incluye la obligación de que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado, informen al Consejo sobre investigaciones o juicios que se sigan en contra de personas indígenas.

Esta iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas. Se adhirieron los integrantes de los Grupos Legislativos del PAN.

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