– Contempla la modificación del Artículo 298 del Código Penal de Veracruz
Xalapa, Ver., 07 de marzo de 2019.- En la Quinta Sesión del Primer Receso de la Diputación Permanente, el legislador de Morena, Henri Christophe Gómez Sánchez, presentó una Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 298 del Código Penal para el Estado Libre Soberano de Veracruz, con la finalidad de incluir una nueva hipótesis e incrementar las sanciones pecuniarias en los Delitos contra el Respeto a los Muertos.
La propuesta del diputado contempla la adición de una Fracción IV, la cual prohíbe que, sin autorización o facultad legal, se fotografíe, videograbe o difunda imágenes de un cadáver o restos humanos que se encuentre bajo resguardo de una institución de carácter forense.
De igual modo, se mantiene la imposición de prisión por uno a cinco años y la multa se incrementaría de 40 días de salario (sic) a hasta 100 Unidades de Medida Actualizadas (UMA).
Para la hipótesis que plantea la Fracción IV, las penas podrían incrementarse hasta una tercera más, si quien comete este delito es un servidor público o ejerce una profesión y utilice los medios o circunstancias derivados de ellos.
Gómez Sánchez, expuso el reciente caso de la señora Susana Carrera, quien fuera secuestrada y asesinada violentamente en la ciudad de Coatzacoalcos: “Fue un hallazgo confirmado por su propio esposo a través de su cuenta de Facebook y no solamente consternó e indignó a la población sur del Estado, sino a todas y todos los veracruzanos, del que por supuesto su muerte no debe quedar impune y se aplique todo el peso de la Ley a quien o quienes resulten responsables”.
“No obstante – abundó– el dolor que su muerte provocó para familiares, amigos y la sociedad en general, el pasado lunes 18 de febrero se dio a conocer que, por medio de redes sociales, se difundieron imágenes de los restos de la señora Carrera, mismos que estaban en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Coatzacoalcos”.
Ante este panorama, fue posible presumir que las fotos fueron capturadas por personal de dicha institución y a raíz de este suceso, la Fiscalía General del Estado (FGE), ordenó investigar a los servidores públicos de la Fiscalía Regional.
Sin embargo, la sola sanción administrativa no será suficiente ante el vacío legal actual en el Código Penal: “Son conductas absolutamente reprobables que no nada más se traducen en un daño hacia los seres queridos, sino también un plena falta de respeto a la víctima”.
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