• La población LGBTTTIQ+ tiene derecho a ser atendida y acceder a un sistema de justicia que, en muchos casos, ha sido discriminatorio: Ramón Díaz Ávila.
El diputado Ramón Díaz Ávila presentó, durante los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del primer año del ejercicio constitucional, una iniciativa que reformaría la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado con el objetivo de crear una Fiscalía Especializada en materia en delitos de odio y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexo genérica.
De acuerdo a la propuesta, dicha Fiscalía Especializada contaría con autonomía técnica y de gestión para colaborar en las investigaciones de fenómenos y delitos que se desarrollen en este contexto y con personal capacitado y sensible para atender los delitos considerados por el Código Penal como de odio, en razón de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales.
Tendría entre sus atribuciones la implementación de programas de detección de delitos en materia de odio; diseñar líneas estratégicas de combate a agresiones hacia esta población; coordinar esfuerzos de cooperación con otras instituciones para atender los casos de violencia contra la población LGBTTTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Transexuales, Intersexuales y Queer).
Del mismo modo, deberá coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación y peritos adscritos en la investigación de los delitos en la materia, coadyuvando con otras áreas de la Fiscalía General en el desarrollo de herramientas de inteligencia e investigación para conocer la evolución de las actividades que competen en esta área, generando sus propias herramientas para identificar patrones de conducta relacionados con estos asuntos.
En el uso de la voz, el diputado hizo un llamado a reflexionar sobre la discriminación y crímenes de odio que se cometen en contra de este sector de la población, “debemos escuchar los llamados de estos grupos a ser atendidos para acceder a un sistema de justicia que en muchos casos ha sido discriminatorio”, indicó.
“Gran parte de la responsabilidad de que esto no siga sucediendo, está en cada uno de nosotros como legisladores; porque al no tener una justicia equitativa, ésta población, seguirá padeciendo las prácticas excluyentes que al día de hoy viven”, finalizó.
Se adhirieron a esta iniciativa –turnada para su estudio a la Comisión de Procuración de Justicia- los Grupos Legislativos de Morena y PAN y a título personal las diputadas Tania María Cruz Mejía (PVEM), Ruth Callejas Roldán y Maribel Ramírez Topete (Movimiento Ciudadano); y Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre y Anilú Ingram Vallines (PRI).
