• Presenta la legisladora Deisy Juan Antonio iniciativa que busca reformar las Leyes de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de Adopciones.
La diputada del Grupo Legislativo de Morena, Deisy Juan Antonio presentó una iniciativa cuya finalidad es la creación de un Registro Estatal de Agresores Sexuales e Infantiles, como instrumento de control inmediato que sirva para localizar y facilitar el castigo, tanto de aquellos que delinquen por primera vez o reincidentes, asimismo que contenga información interestatal para el caso de detención de un delincuente en cualquier parte del país.
De esta manera se reformaría el artículo 112 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para crear el citado Registro, mismo que incluiría a las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos de hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro, violación, corrupción de menores, pornografía infantil y pederastia.
La Secretaría Ejecutiva, del Sistema Estatal de Protección Integral, será la encargada de establecer coordinación con el Poder Judicial para que, de manera inmediata, remitan los datos de las personas con sentencia ejecutoria condenatoria por los delitos señalados anteriormente.
Además deberá adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos contenidos en el Registro Estatal de Agresores Sexuales e infantiles.
Por otra parte, la propuesta de la diputada prevé reformar la fracción VIII al artículo 5 y se adicionaría una fracción VIII al artículo 9 de la Ley de Adopciones para el Estado de Veracruz por el cual se prohibiría la adopción por parte de personas que estén en el Registro Estatal de Agresores Sexuales e Infantiles.
Durante la explicación de motivos de la iniciativa, la diputada Juan Antonio subrayó que para su Grupo Legislativo preservar los derechos de los menores implica generar condiciones para su pleno desarrollo; por lo que a través esta iniciativa se pretende cumplir, no sólo con un mandato constitucional, sino con una obligación ética, al reconocer la importancia que se le debe asignar a este tema.
Dijo que, de acuerdo a datos de la UNICEF, de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema, y el 91 por ciento de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza también.
“Este hecho lacerante es una cuestión primordial para este nuevo gobierno, el cual busca revertir con acciones concretas, que ya se han venido implementando desde la entrada del Presidente de la República, el primero de diciembre de 2018”, abundó.
Expuso que, según información del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), muchas niñas y niños son expuestos cotidianamente a algún tipo de violencia física, sexual o psicológica en sus hogares y escuelas, en las instituciones de los sistemas de protección y justicia, en los lugares de trabajo y en sus comunidades.
Refirió la viabilidad de esta reforma y puso como ejemplo California, Estados Unidos, en donde desde 1947 cuenta con una Ley de Registro para Ofensores Sexuales Condenados, para ser aplicada en todo el estado. Asimismo, estados como Washington, Nueva Jersey, y Massachusetts, cuentan con disposiciones al respecto, con las variantes y particularidades propias de dicho país.
La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y de Derechos de la Niñez y la Familia. Se adhirieron los Grupos Legislativos de los Partidos Movimiento Ciudadano-PRD, Del Lado Correcto de la Historia, PRI-PVEM y Morena, así como la legisladora Nora Jessica Lagunes Jáuregui.
