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viernes, marzo 29, 2024

Proceso electoral ya causa estragos entre «servidores de la nación»

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Servidores acusan cese injustificado en Veracruz: «no deben actuar en favor de ninguna candidatura», asegura coordinador.

En un video se ve a Gabriel García Hernández, coordinador general de los Programas para el Desarrollo del gobierno federal, molesto ante el diálogo que sostiene con un abogado y algunos servidores de la nación, en Tuxpan, Veracruz.

El abogado, quien también fue servidor de la nación, reclama que no tenían dinero ni para llegar a las comunidades donde se entregan los apoyos de programas sociales. Le dice al coordinador nacional que 34 servidores ya demandaron laboralmente al gobierno.

«A algunos les faltan las firmas, porque las comunidades están muy retiradas. Se violentaron nuestros derechos, abusaron de nosotros. No nosotros fuimos a México y no nos hacen caso, ni el propio delegado Manuel Huerta», dice el hombre que reclama.

Entonces, Gabriel García le pregunta cuánto dinero reclaman los servidores para que consideren saldados sus derechos laborales, supuestamente incumplidos por el gobierno federal. «¿Cuánto demandan para que se arregle el problema?», cuestiona una y otra vez.

 

«Yo represento al gobierno de México y a la coordinación de programas, usted me está diciendo que demandaron al gobierno porque se violaron sus derechos, no vamos a violentar ningún derecho», sostiene en el video.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Gabriel García asegura que los hechos se dieron el fin de semana pasado, luego de que varios servidores de la nación le hicieran llegar quejas por supuestas irregularidades en sus pagos y algunos despidos injustificados.

«En el Centro Integrador de Tuxpan cité a todos los que tenían diferencias y reclamos, para hablar con ellos. Ahí habló primero una compañera y dijo que los 34 cesados eran ´su gente´ y luego de que ella decidiera retirarse para participar en el proceso electoral que viene, el de 2021, ellos recibieron esta ´reprimenda´ de ser cesados injustificadamente».

El coordinador general de programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador afirma que luego de la reunión, quedó con la coordinadora regional de revisar la situación de cada servidor de la nación involucrado en el despido injustificado.

«Lo que les ofrecí a todos es que fueran reinstalados, pero que entendieran que no debían de participar en asuntos políticos ni ahora ni después y que no se metan en la grilla interna de las candidaturas y ese tipo de cosas, porque afecta terriblemente la honestidad y la credibilidad de los programas de desarrollo», advierte.

Pero en el encuentro hubo otro motivo de reclamo, la supuesta presión a dos tesoreras del programa La Escuela Es Nuestra, que pretende dar mantenimiento a los centros educativos del país, para supuestamente pactar con contratistas la entrega de 6 mil pesos.

«Se tienen que contratar arquitectos, directores responsables de obra, para que den el visto bueno a nivel técnico de las ampliaciones o remodelaciones que se hacen. En uno de los casos se contrató bien y en el otro se dio esta acusación de presión».

García Hernández admite que «se exaltó» en la discusión donde hubo un abogadode por medio y aseguró que les pidió disculpas a los servidores que se encontraron ahí. «Esto está pasando en varias partes del país, llegan abogados a querer sacar provecho de demandas laborales ante situaciones como que a los servidores no se les paga el costo de sus pasajes», señala.

Una bomba de tiempo electoral

Desde su creación, meses antes del inicio del gobierno de López Obrador para generar el padrón de beneficiarios de programas sociales, el cuerpo de Servidores de la Nación ha sido objeto de análisis sobre su papel como promotores del gobierno y del partido en el poder: Morena, en los próximos procesos electorales.

LA SILLA ROTA ha reportado desde hace un año los despidos que se dieron en la administración pública federal de empleados con licenciatura y maestría que ganaban hasta más de 200 mil pesos al mes, a cambio de contratar a servidores de la nación y encargados de los programas con salarios de entre 8 mil y 100 mil pesos.

También se ha documentado que los servidores de la nación acuden como parte del staff de organización de los eventos o mítines a los que convoca el presidente Andrés Manuel López Obrador, al menos hasta antes de la epidemia por la covid-19.

En agosto de 2019, el propio Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que los servidores de la nación no podían utilizar la imagen ni el nombre del presidente López Obrador en sus insignias o uniformes, al momento de entregar los apoyos sociales y levantar el registro de personas beneficiarias de éstos.

El INE ordenó a la Secretaría del Bienestar cumplir con el artículo 134 de la Constitución, el cual prohíbe la mención de nombres, imágenes, audios o símbolos susceptibles a ser interpretados como propaganda a favor de algún servidor público en funciones.

En su columna del 23 de diciembre del año pasado, el periodista Adolfo Gómez Vives aseguró que, desde el 1 de noviembre, los servidores de la nación fueron dados de alta como personal de confianza en la Secretaría de Bienestar, luego de más de un año de estar contratados por honorarios mes a mes.

El presupuesto de salarios a cerca de 19 mil 606 personas que se desempeñan como servidores de la nación, asciende anualmente a más 2 mil 767 millones de pesos. Entre los implicados en la organización se encuentra Josué Farelas Pacheco, hijo del líder de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice).

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer, hace un año, que Farelas Pacheco es coordinador de los servidores de la nación y asesor jurídico de la asociación evangélica que dirige su padre Arturo Farela.

 

Información: La Silla Rota

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