– No se permitirá que por intereses de una minoría se atropelle la libertad de expresión de la población; continúa curso legal denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.
Xalapa, Veracruz., 20 de Noviembre de 2020.- El diputado local Rubén Ríos Uribe presentó este viernes, queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en contra del presidente municipal Igor Rojí López e integrantes del Cabildo, por atentar en contra del derecho constitucional a la libre expresión de las ideas.
El representante popular por el Distrito local XIX, enfatizó que con este recurso se suma a la denuncia penal presentada ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado, por usurpación de funciones y lo que les resulte, la cual sigue su curso de manera independiente y ante lo cual el alcalde Igor Rojí y ediles que secundaron esta violación constitucional, deberán comparecer.
En el caso de esta nueva acción, dijo que se está solicitando a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, actuar en contra del acta de Cabildo de fecha 15 de octubre del año en curso, y en consecuencia en contra de los ediles que lo votaron, por extralimitar sus funciones y atacar esta garantía constitucional de las y los veracruzanos, incluso, tutelada en los derechos universales.
“En pleno siglo XXI, no podemos permitir estos actos que censuran la libre expresión de las ideas y la proyección de las creencias de cada ciudadano. Vamos a seguir los trámites porque no vamos a permitir estos graves atropellos a las garantías constitucionales, pues sólo buscan censurar, reprimir la libertad de expresión, y callar a todas las voces que no piensen igual que ellos”, enfatizó.
Puntualizó que el presidente municipal Igor Rojí López y los integrantes del Cabildo que aprobaron esta medida, se extralimitaron en las atribuciones plasmadas en el artículo 115 Constitucional, en el cual se establecen claramente que sólo pueden administrar los recursos municipales y en ningún momento se les permite censurar al pueblo orizabeño al prohibirles expresar sus ideas políticas o creencias, rotulando sus vehículos o propiedades, pues esto viola los derechos fundamentales de la sociedad.
Insistió que el Ayuntamiento no puede argumentar cuestiones políticas en la expresión de estas ideas, pues la 4T no es un partido, y en todo caso, debería ser un asunto de competencia de las autoridades correspondientes en materia electoral y no del municipio.
Como representante popular del estado -apuntó- nuestro deber es salvaguardar el estado de derecho, que exista legalidad en las instituciones. Estaremos pendientes se resuelva con legalidad y no crear un precedente, porque de lo contrario, sería un retroceso para la democracia no sólo en Veracruz sino en el país y no vamos a permitir ningún atropello por parte de una minoría que ve afectados sus intereses.
