Este dictamen fue avalado con el voto de los 127 presentes en la sesión ordinaria de este jueves.
El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, indicó: «quedan aprobados en lo general y en lo particular, los artículos 16,21 31, 36, 73, 76, 78, 89 y los transitorios 1, 2, 3 y 4, contenidos en el dictamen con las modificaciones autorizadas por esta Asamblea.», concerniente a la ley en cuestión.
“Sí a la Guardia Nacional, pero con un mando civil, que respete los derechos humanos, la soberanía de estados y municipios, y que, además, cumpla con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país”, fue lo que externó la izquierda.
Se le da un instrumento al Presidente de la República que será fundamental para su estrategia en seguridad, para que él lo opere y lo pueda llevar a las líneas de acción que considere necesarias, además de establecer un marco jurídico a las Fuerzas Armadas y un marco jurídico a los integrantes de esta policía con mando civil.
La reforma implica en estricto sentido una desmilitarización paulatina en el Sistema de Seguridad Pública, a medida de que se vayan alcanzando los objetivos trazados.
Entre las principales modificaciones están que la Guardia Nacional tenga un mando civil, que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles en cinco años y que se rija por una doctrina policial.
El dictamen no modificará el artículo 13 de la Constitución, por lo que se dejó fuera la posibilidad de que los elementos de la guardia cuenten con fuero militar, al ser constituida como «una institución plenamente civil».
Mientras que la figura de la «Junta de jefes de Estado», que estaría compuesta por elementos de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, se descarta para dar paso a una coordinación operativa interinstitucional.
Además, debido a la colaboración y coordinación del cuerpo de seguridad con las entidades federativas y municipios, los gobernadores de las entidades federativas deberán presentar anualmente un informe sobre el avance de las tareas realizadas.
