Los vacíos legales que prevalecen en el ejercicio de su labor cotidiana afectan su seguridad cuando realizan el trabajo para el que fueron contratados
La diputada María Esther López Callejas, integrante del Grupo Legislativo de Morena, en el Congreso de Veracruz, presentó una Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y al Código Penal estatal, con la finalidad de regular las acciones que llevan a cabo las personas que se dedican al oficio de cerrajería y por ende otorgarles un marco jurídico que les garantice que su labor está dentro de la legalidad.
La legisladora dijo que estas modificaciones a los ordenamientos legales señalados parten del hecho de que el Estado debe proveer seguridad pública, que no se reduce a sólo garantizar el orden público sino, también, el ejercicio de los derechos y las libertades de la ciudadanía. La seguridad pública, indicó, se encuentra perfectamente definida en la Ley como: “la función a cargo del Estado, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Agregó que “tutelar esos valores no es sencillo, pero una de las actividades más importantes es la prevención del delito, esto pues, debería ser el elemento central en la búsqueda de seguridad. Las acciones que tienen que ver con la prevención del delito, deben basarse en consultas con todos los sectores del gobierno y con la sociedad civil”.
Por ello y después de haber escuchado de quienes se dedican al oficio de la cerrajería, su preocupación por los vacíos legales que prevalecen en el ejercicio de su labor cotidiana, y que afecta su seguridad cuando realizan el trabajo para el que fueron contratados y con el fin de brindarles mayor certeza jurídica en el desempeño de su profesión.
De esta manera propone establecer un sistema destinado a crear, operar y mantener la actualización del Registro de Monitoreo de los Servicios Prestados por los Profesionales que se dedican al oficio de la Cerrajería, en coordinación con la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPSP), mediante “métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos; con apego a los principios de reserva y confidencialidad en el servicio público”.
Señaló que así, la persona profesional que se dedica al oficio de la cerrajería dentro del territorio veracruzano, deberá notificar a la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), cada que preste un servicio, proporcionando los datos de su inscripción al Registro Único, así como el de su certificación y, estará obligado a llevar un registro de cada uno de estos.
Asimismo, plantea que la persona que solicite los servicios de cerrajería, esté obligado y condicionado para recibir el servicio de cerrajería, a proporcionar su nombre completo, número o folio del documento oficial con el que se identifique, servicio solicitado, motivo del servicio, fecha, hora y lugar donde se prestará el mismo. En caso de ser un vehículo automotor, nombre del propietario, tipo, marca, color, número de placas, la fecha, hora y lugar de realización del servicio; esto, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En lo que corresponde a la STPSP deberá crear, operar y mantener actualizado el Registro Único de Personas Profesionales que se dedican al Oficio de la Cerrajería en el estado, en estrecha coordinación con la SSP, mediante métodos que “garanticen el estricto respeto a los derechos humanos, con apego a los principios de reserva y confidencialidad en el servicio público”.
También diseñar e implementar un programa gratuito de certificación a personas profesionales que se dedican al oficio de la cerrajería, con la finalidad de acreditar los conocimientos necesarios que le permitan poder ejercer ese oficio, otorgándoles un certificado en el que conste que son aptos para desarrollar esa actividad en la entidad veracruzana.
Finalmente, establecer en el Código Penal estatal, que cuando el delito de robo se cometa utilizando ganzúas, chorlas, llaves maestras o limadas, scanner o cualquier otro dispositivo electrónico destinado para abrir, bloquear, inhibir o forzar cerraduras de cualquier tipo o dispositivos de seguridad; el infractor recibirá de ocho meses a ocho años de prisión.
Esta Iniciativa fue enviada para su estudio a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales. Se adhirieron los Grupos Legislativos de Morena, Del Lado Correcto de la Historia, PRI-PVEM y PAN, así como el diputado Alexis Sánchez García.
