• Es imperante dar pronta solución para salvaguardar la salud de habitantes de esta región.
El diputado José Magdaleno Rosales Torres, integrante del Grupo Legislativo de Morena, presentó un Anteproyecto de punto de acuerdo por el que exhorta al presidente municipal de Medellín de Bravo a atender la problemática en materia de salud pública y a dar pronta solución a lo relacionado con el suministro inadecuado e insalubre del agua, así como de las tarifas excesivas en el cobro del vital líquido que reciben los habitantes de los fraccionamientos de Puente Moreno y Lagos de Puente Moreno de dicho municipio.
El legislador, representante del Distrito XVII Medellín, aseguró que desde 2016 los fraccionamientos referidos han manifestado una serie de irregularidades en el suministro y cobro excesivo del agua, destacando la mala calidad con la que reciben el vital líquido en sus hogares, además del alto costo, sin que tales tarifas vayan en proporción con la salubridad y al consumo que verdaderamente realizan.
Rosales Torres, dijo que la empresa “Urbanizadora Medellín S.A. de C.V.” quien tiene el título de concesión número 10VER132887/28EMDA18, otorgado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), opera de forma irregular en conjunto con el ayuntamiento de Medellín, pues aseguró, se han pasado por alto los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que México forma parte.
Asimismo, aseguró que los ayuntamientos tienen la función de dotar de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales a la población, así como vigilar la prestación de servicios que otorgan las empresas concesionarias para la operación adecuada del suministro.
Finalmente, dijo que es una obligación bilateral entre ayuntamiento y concesionario el otorgar el servicio de agua, tal como lo ordena la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, por lo tanto es deber del municipio “garantizar el acceso al agua de forma suficiente, sana y asequible; la cual no debe ser objeto de injerencias, mucho menos de corrupción por parte de las empresas que menoscaben la subsistencia de la vida humana”.
El anteproyecto fue turnado a la Junta de Coordinación Política para su análisis y dictamen correspondiente.
