• Hasta ahora no existe ningún mandato constitucional que obligue a esta Legislatura a despenalizar el aborto, refirió el legislador.
El diputado Gonzalo Guízar Valladares presentó al Pleno un Anteproyecto con Punto de Acuerdo que tiene como propósito exhortar a los integrantes de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar plenamente el derecho humano a la vida y, por ende, sobreseer el Juicio de Amparo en revisión, identificado como 639/2019 de esta Sala.
En el uso de la voz, reiteró su respeto al Estado de Derecho “sobre todo, cuando se busca salvaguardar los derechos fundamentales del más débil. El activismo judicial es bienvenido cuando se busca salvaguardar los valores que nos identifican en común y como una sociedad racional”.
Precisó que “bajo ningún supuesto podemos estar de acuerdo con el activismo judicial de la Corte cuando con su decisión podría constituir un verdadero atentado contra los derechos humanos de los más débiles de nuestra especie. La persona concebida en el vientre de una mujer, mismo que frente a sus semejantes no tiene voz ni voto para decidir sobre el futuro de su vida”.
En su participación en tribuna, durante la sexta sesión ordinaria, el diputado Gonzalo Guízar expuso. “Señores ministros de la Suprema Corte, hasta ahora no existe ningún mandato constitucional que obligue a esta legislatura a despenalizar el aborto; sus interpretaciones producto de su activismo judicial, rompen con el sistema de control constitucional y, sobre todo, legitiman argumentos e interpretaciones excesivas de los derechos humanos, producto de una ideología no acorde con nuestra función en sociedad”.
Destacó que no debe pasarse por alto la necesidad de exigir respeto a la libertad de configuración legislativa que tiene el estado de Veracruz, en especial su Congreso.
Por otra parte, indicó que asumir una función activa como legislador es para crear y generar un verdadero andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos de las mujeres en problemas de embarazos no deseados y acompañarlas hasta el nacimiento de la persona que lleva en su vientre.
“El Estado no puede ser cómplice en la muerte de una persona, sobre todo, cuando ésta se encuentra indefensa. Por el contrario, debe buscar los mecanismos para garantizar su nacimiento, debe acompañar a la madre para que puede ejercer sus derechos, en especial el de libertad de ejercer o no la maternidad”, concluyó.
