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A través de esta iniciativa se reforman las fracciones IV y V del artículo 116 y la fracción VIII del articulo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
*Ciudad de México, 18 de octubre de 2018*.- La Senadora Rosales San Román presentó el día de hoy ante el pleno del Senado de la República una iniciativa que reforma las fracciones IV y V del artículo 116 y la fracción VIII del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de dotar de autonomía a los tribunales administrativos y electorales de las entidades federativas.
En sesiones pasadas, la Senadora Olga Sánchez Cordero presentó una iniciativa para dotar de autonomía al poder judicial de los estados, a través de diferentes mecanismos; sin embargo, esta iniciativa no contempla la autonomía de los tribunales que imparten justicia especializada como la administrativa y electoral.
Por ello, la Senadora Rosales propuso una serie de modificaciones a nuestra Constitución, a fin de que los referidos tribunales gocen de la misma autonomía que tendrán los poderes judiciales de los estados. Lo anterior, con el objetivo de fortalecer la función judicial en todas sus ramas, lo que se traducirá en una mayor eficiencia y eficacia en la impartición de justicia de los tribunales de todo el país.
Los principales aspectos que se plantean son los siguientes:
*a)Autonomía presupuestal:* Se propone que los tribunales administrativos gocen de financiera, asegurando que su presupuesto anual no sea inferior al 0.3% del presupuesto general del estado respectivo, en tanto que los tribunales electorales, no podrán tener menos del 0.2% anual.
*b)Independencia y seguridad de los magistrados:* Se establece que los magistrados recibirán una remuneración adecuada que no podrá ser disminuida durante su cargo. De igual manera, se señala que no podrán ser privados de sus cargos salvo por las razones establecidas en ley.
*c)Nombramientos:* Se detalla que los nombramientos de magistrados electorales y administrativos se realizarán conforme lo marquen las leyes correspondientes procurando que participen aquellas personas que hayan servido con probidad, eficiencia y decoro en la impartición de justicia.
Finalmente, estos aspectos también se proponen para el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.
Esta iniciativa pretende garantizar en todo momento la seguridad e independencia de los magistrados y jueces con la finalidad de que puedan llevar a cabo sus labores con total firmeza y profesionalismo, sin presiones de carácter político o de cualquier otra índole, logrando así un sistema constitucional y judicial que abone día con día a la democracia de nuestro país.
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