Con el paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, ha bloqueado las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.
Lo anterior, derivado de la metodología desarrollada por la UIF al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes, específicamente caravanas de migrantes hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.
De la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos de América, que son: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.
Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.
Por todo lo anterior, la UIF ha instruido la inclusión de veintiséis personas a la Lista de Personas Bloqueadas, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes. En ese sentido se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
Con acciones como esta el Gobierno de México refrenda su política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas, esto garantizando el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes considerados en las legislaciones internacionales en la materia, tomando en consideración su situación de vulnerabilidad y el máximo reconocimiento de su dignidad.
Fuente: Excelsior
