El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, informó al Pleno que se solicitará una prórroga para el efecto de que dicha ampliación venza el último día del Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión.
Al vencer el plazo marcado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el Congreso de la Unión precise la forma en que debe calcularse el salario del presidente de la República, referente para establecer la percepción del resto de funcionarios públicos en el país, el Senado solicitó una prórroga.
Debido a la pandemia de covid-19 se determinó ampliar el plazo al 15 de diciembre de 2020, fecha en que concluye el periodo ordinario; sin embargo, “la contingencia sanitaria motivada por la pandemia derivada del virus SARS-CoV2 ha complicado que el proceso legislativo se realice con las formalidades y profundidad necesarios que implica la formación de leyes”.
A través de un acuerdo, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez informó al Pleno que se solicitará una prórroga para el efecto de que dicha ampliación venza el último día del Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión que transcurra del 1 de febrero al 30 de abril de 2021.
El documento establece que el Pleno de la SCJN dictó sentencia en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, que impone la obligación a cargo del Congreso de la Unión para legislar con el objeto de determinar objetivamente las remuneraciones de los servidores públicos.
La Cámara de Diputados remitió al Senado, el pasado 23 de septiembre, la minuta con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Dicha Minuta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Públicos y de Estudios Legislativos, Segunda.
No obstante, se menciona, “como consecuencia de lo anterior, las comisiones dictaminadoras aprobaron el dictamen correspondiente, el cual atiende puntualmente las consideraciones esgrimidas en la sentencia”.
Por lo que, “se ha dificultado la adopción de los consensos políticos necesarios para que el dictamen señalado pueda ser desahogado y resuelto por el Pleno, habida cuenta de que en fechas próximas está por concluir el actual periodo de sesiones ordinarias, considerando además que la contingencia sanitaria motivada por la pandemia derivada del virus covid-19 ha complicado que el proceso legislativo se realice con las formalidades y profundidad necesarios que implica la formación de leyes”.
Información: Milenio
