La Justicia boliviana ordenó el encarcelamiento de tres personas acusadas de haber participado en el asesinato de un joven, que fue enterrado vivo en una comunidad rural del centro de Bolivia porque supuestamente cometió un robo.
El Juzgado de Instrucción Quinto en lo Penal de Cochabamba dispuso la detención preventiva de Irmo Ch.E. y Jhonny Ch.R. en el penal de El Abra, y de Teresa R.C. en la cárcel de mujeres San Sebastián, informó este viernes la Fiscalía Departamental de esa región central de Bolivia.
Los tres están acusados por el supuesto delito de asesinato por su presunta participación, junto a otras 16 personas, en el linchamiento de Celso C.R., de 27 años, ocurrido la semana pasada en la comunidad de Chalviri, en el municipio cochabambino de Sacaba.
Los acusados permanecerán detenidos por seis meses «mientras se desarrolle la investigación», dijo la fiscal Mónica López, citada en un comunicado del Ministerio Público.
Uno de los detenidos era propietario de la motocicleta que supuestamente robó el joven asesinado y los otros dos son sus familiares «quienes también tuvieron participación en el asesinato de la víctima», indicó López.
Las investigaciones preliminares señalan que Celso C.R. fue retenido el pasado 7 de mayo por un grupo de gente en Chalviri, tras ser denunciado por el supuesto robo de una motocicleta.
Al enterarse de una presunta reincidencia por parte del joven, la turba resolvió enterrarlo vivo, explicó la Fiscalía de Cochabamba.
Agentes policiales lograron rescatar el cuerpo al día siguiente y lo trasladaron al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó que la causa de muerte fue por «asfixia por sepultamiento».
«Asimismo, el acta de autopsia refiere que se encontró tierra en la cavidad bucal, es decir, en la lengua y la tráquea», señaló el Ministerio Público.
El suceso ocurrió en plena cuarentena contra la propagación del coronavirus SARS-CoV-2 en Bolivia.
Los casos de linchamientos son relativamente habituales en el área rural y algunos barrios periurbanos de Bolivia.
En ocasiones, quienes cometen los linchamientos se justifican en la «justicia comunitaria», reconocida en la Constitución boliviana de 2009, pero las autoridades han reiterado que ese sistema judicial no admite castigos brutales ni la pena de muerte.
Información: Milenio
