El desplazamiento en masa de la población, que casi se ha triplicado en 2021 en comparación con 2020, es resultado de la violencia armada

El desplazamiento en masa de la población, que casi se ha triplicado en 2021 en comparación con 2020, es resultado de la violencia armada

Archivo - Imagen de archivo tomada en 2016 a uno de los guerrilleros de las FARC que se acogió al acuerdo de paz.© MARIO TAMA/GETTY IMAGES – Archivo . Reservados todos los derechos Archivo – Imagen de archivo tomada en 2016 a uno de los guerrilleros de las FARC que se acogió al acuerdo de paz.La firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) cumple cinco años con logros y también con retos que apuntan a que el conflicto no ha terminado en el país latinoamericano.

Cinco años después de la firma del histórico acuerdo, casi cinco millones de personas aún están desplazadas por el conflicto armado, aunque el Gobierno colombiano reconoce hasta ocho en estos años.

De ellos, casi 110.000 se han visto obligados a huir o confinarse solo en 2021, según los datos que maneja la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Colombia es el tercer país del mundo con más desplazados internos, solo superado por República Democrática del Congo (RDC) y Siria.

El desplazamiento en masa de la población, que casi se ha triplicado en 2021 en comparación con 2020, es resultado de la violencia armada, que persiste en Colombia de forma efectiva. Según la OCHA, en los primeros nueve meses de 2021 se registraron 188 ataques mensuales contra civiles. En otras palabras, seis ataques diarios contra la población.

A su vez, la violencia es una consecuencia directa de la lentitud del Gobierno para garantizar la presencia permanente del Estado en las zonas más remotas después de la retirada de las FARC-EP.

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) ha señalado que muchas comunidades locales de estas zonas les cuentan que se sienten «asustados», ya que las zonas rurales antes dominadas por las FARC-EP ahora están bajo el mando de grupos armados no estatales que luchan por el control de las actividades ilícitas. Esta es una de las principales razones por las que, de media, se asesina a dos líderes comunitarios al día desde la firma del acuerdo, destaca el NRC.

«No hay nada que celebrar para los cientos de niños, mujeres y hombres de la Colombia rural que huyen de sus hogares todos los días para escapar de la violencia», ha subrayado el secretario general del NRC, Jan Egeland, que ha lamentado que, para estas personas, la paz «todavía es un sueño lejano».

Egeland ha puesto el foco en que el Gobierno de Colombia es el «principal responsable» de proteger a su población y ha considerado que debe hacer «más» por las comunidades vulnerables obligadas a desplazarse «una y otra vez». De forma paralela, ha pedido abordar las causas de este desplazamiento y ha advertido de que, si no se hace, «existe el riesgo de volver a los oscuros días de la guerra».

El acuerdo consta de cinco puntos que abarcan desde el fin del conflicto hasta la participación política, pasando por un compromiso para una reforma rural «integral», una solución al asunto de las drogas ilícitas y un acuerdo sobre las víctimas del conflicto.

AYUDA HUMANITARIA

Asimismo, el NRC ha pedido repetidamente al Gobierno de Colombia y Naciones Unidas que «hagan más» para alcanzar a aquellos que más los necesitan.

En este sentido, ha subrayado que las necesidades humanitarias se incrementan en Colombia, por lo que las agencias humanitarias deberían aumentar los recursos que destinan al país latinoamericano para ayudar a las comunidades rurales. «Es el momento de ampliar, no recortar, el apoyo humanitario para Colombia», ha incidido Egeland.

El llamamiento para financiar la ayuda humanitaria para Colombia es de 174 millones de dólares (unos 154,6 millones de euros) para asistir a 1,4 millones de personas en 2021. Sólo una tercera parte está financiada cuando el año está a punto de acabar y las necesidades humanitarias se incrementan. Así, el NRC ha pedido a la Unión Europea, a sus Estados miembros, a Canadá, a Estados Unidos y a otros donantes que aumenten los fondos donados.

LA IMPLEMENTACIÓN

El expresidente Juan Manuel Santos ha señalado en declaraciones a Blu Radio que el actual mandatario colombiano, Iván Duque, «aún tiene tiempo de unir al país en torno a la implementación del acuerdo», al tiempo que ha pedido que su aplicación no se convierte en una estrategia de campaña electoral, porque considera que eso se presta a «tergiversaciones y mentiras».

A juicio del expresidente, si la implementación se «hace con cuidado», Colombia «tiene una oportunidad de oro, en todo sentido, en darles derechos a los colombianos, corregir desigualdades en el campo, poner a producir al campo en un mundo que está comenzando a preocuparse por falta de alimentos».

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha comenzado una visita de dos días en el país latinoamericano, donde busca supervisar los logros alcanzados por el acuerdo y la implementación de la política de Paz con Legalidad. Además, se reunirá con altos mandos del Gobierno; con los líderes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; representantes de la sociedad civil, y líderes del partido Comunes exmiembros de las FARC.

Con información de Europa Press