Por Aurelio Contreras Moreno
Tras el campanazo por la aprobación de la despenalización del aborto por todas sus causales hasta la doceava semana de gestación, votada en el Congreso de Oaxaca, la discusión sobre el tema está por escalar a nivel nacional. Pero el resultado está verdaderamente de pronóstico reservado.
Este lunes, diputadas federales de Morena anunciaron que este partido presentará una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación en todo el país.
La iniciativa incluiría exhortos a las legislaturas estatales para que hagan lo mismo con las leyes locales, de manera que estén en sintonía con las normas que se pretenden impulsar a nivel federal.
Sin duda, éste es un tema propio de la agenda de un partido de izquierda, como el que Morena dice ser. Y de aprobarse en los términos que se plantean –y que incluyen sanciones para quien se practique un aborto después del plazo de doce semanas de gestación- significaría un parteaguas en la lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres en México.
Sin embargo, habrá que tomar con reservas este anuncio. Porque es sabido que temas como la interrupción legal del embarazo o los matrimonios igualitarios nunca han estado en el ánimo del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
No hay que olvidar que siendo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, López Obrador evitó que estos temas se discutieran siquiera en la Asamblea Legislativa, que finalmente los abordó y aprobó hasta el siguiente sexenio, el de Marcelo Ebrard.
Para nadie es un secreto el talante conservador del actual Presidente de la República. No son gratuitas sus intenciones de “moralizar” a la población con preceptos de la década de los 40, como tampoco lo es su clara cercanía con las iglesias evangélicas, a las que incluso pretende entregarles concesiones de televisión abierta para que lo apoyen en su “cruzada”.
Dentro de Morena mismo no hay consenso al respecto. Varios de quienes se subieron a la ola lopezobradorista y actualmente ocupan posiciones legislativas han manifestado pública y abiertamente su rechazo a la despenalización de las causales de la interrupción del embarazo, por lo que la iniciativa anunciada podría atorarse en la discusión legislativa.
En Veracruz tampoco es un tema al que el actual régimen quiera entrarle. Desde su campaña, el hoy gobernador Cuitláhuac García Jiménez evadió pronunciarse sobre el aborto, aduciendo que se “consultaría” a la población y no se “impondrían” visiones personales.
Asimismo, en el Congreso veracruzano no hay una postura unificada. Mientras algunas diputadas de Morena ya hablan de impulsar una iniciativa como la que se pretende discutir en San Lázaro, otras, como la legisladora local por Xalapa Rosalinda Galindo Silva, rechazó que el tema de la despenalización del aborto esté incluido en la agenda legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Estado.
Mientras las políticas públicas se siguen definiendo con base en prejuicios morales y pseudoreligiosos, la diferencia entre abortar o no con seguridad en México y Veracruz es el dinero. Y las principales afectadas, las mujeres pobres.
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