Por Aurelio Contreras Moreno
En los diez meses y medio que lleva ejerciendo el poder en México el régimen de la llamada “cuarta transformación” –tomando en consideración que la aplanadora morenista entró en funciones en el Congreso de la Unión desde el 1 de septiembre del año pasado-, éste se ha caracterizado, en lo general, por su nada disimulado y sí muy vulgar desprecio por la legalidad.
Asignación de obras y contratos multimillonarios sin licitación de por medio, cancelación arbitraria de megaproyectos de desarrollo, “consultas populares” sin sustento legal alguno, votaciones a mano alzada para justificar ocurrencias con consecuencias jurídicas y financieras, uso de los medios del Estado mexicano para atacar a los críticos del gobierno, memorándums anticonstitucionales, militarización del país que comienza a mostrar sus excesos, nepotismo, conflicto de intereses, manipulación facciosa de las instituciones, amagos con anular la división de poderes y aniquilar a los organismos autónomos, desmantelamiento criminal del sistema de salud para financiar programas electoreros, violaciones a derechos humanos para demostrar sumisión ante Estados Unidos, devastación de la investigación científica y la promoción cultural. Son todas éstas algunas de las “linduras” que los gobiernos de la “4T” –y sus cómplices- han cometido en menos de un año “en la plenitud del pinche poder”.
Al cariz autoritario del líder máximo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que agregar la desfachatez de personajes como sus dirigentes camerales Martí Batres y Ricardo Monreal, la voracidad de la secretaria de Energía Rocío Nahle, el totalitarismo porril de los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Félix Salgado Macedonio, o la estulticia de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. O Citlali Ibáñez, como se llama en realidad.
Ni qué decir del servilismo y genuflexión de los textoservidores y comentócratas de moda como Hernán Gómez Bruera, Gibrán Ramírez, John Ackerman y Antonio Attolini, cuyo triste y sórdido papel ha sido justificar hasta la ignominia las peores inmundicias de un régimen que demasiado pronto demostró no tener rumbo ni la menor idea de qué hacer con México. Al que lo único que le importa es asegurar quedarse con las riendas del país durante décadas, al estilo más autocrático del peor PRI.
La mejor prueba de esto último es el experimento que llevan a cabo en el estado de Baja California, con la inconstitucional ampliación de mandato de dos a cinco años para un gobernador votado para ejercer el cargo durante un bienio, aprobada por un congreso local “maiceado”, y con la que el lopezobradorismo le “mide el agua a los camotes” para estimar el margen de maniobra que tendrá cuando intente hacer lo mismo a nivel federal.
Aunque esconda la mano, la piedra lanzada en Baja California lleva el signo del lopezobradorismo. No es casual que el recientemente nombrado subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, publicara en Excélsior una justificación pueril de esta trastada, con el “argumento” del derecho de los estados a legislar sus propias leyes y de la “justicia por encima del poder”. Peroratas propias de la retórica populista de este gobierno, pero que se vuelven más graves cuando las suscribe el número dos de la dependencia encargada de la política interior del país, cuya titular, Olga Sánchez Cordero -tal como lo expresara la semana pasada en Xalapa el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel-, ha aceptado ser reducida al indigno rol de “florero”.
Con la seguridad que les da saberse con el “pinche poder en la mano”, altos funcionarios de la “4T” como la misma secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, violan impunemente la ley al promover su imagen en las cuentas oficiales de redes sociales del gobierno; o como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien evidenciado en un prístino conflicto de intereses al mantener contra viento y marea a su primo Eleazar Guerrero como subsecretario de Finanzas y Administración, se burla de los veracruzanos al señalar que “la ley es muy clara. Que consulten la ley y vean que no está tipificado lo de nepotismo”. Y eso que el presidente jura que es “honesto”.
De ese nivel la vulgaridad de los que se dicen “diferentes”. Con razón Javier Duarte busca arreglarse con ellos.
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