Por Aurelio Contreras Moreno
Acorde con el neoporfirismo con el que se asumió y aún se asume el gobierno del municipio de Orizaba, su policía actúa bajo una consigna acuñada por el ex dictador mexicano: a quien resulte sospechoso para la “autoridad”, se le mata en
caliente.
La madrugada de este jueves, dos jóvenes profesionistas fueron ejecutados por seis elementos de la policía municipal de Orizaba a la puerta de su domicilio, muy cerca de la plaza de toros. Las personas ultimadas por los gendarmes fueron los hermanos Ernesto y Román Pérez González, de 33 y 30 años de edad, respectivamente.
Al amanecer, el reporte de los uniformados fue que a las 5:15 am habían sido “atacados” desde una camioneta Jeep Patriot blanca, por lo que iniciaron una persecución que culminó en la “casa materna” de los supuestos agresores, a la
que pretendieron entrar antes de ser “abatidos”.
Pero la versión de la familia de las víctimas es completamente distinta. Román Pérez salió a divertirse a un bar y la policía habría intentado detenerlo, presuntamente por conducir en estado etílico. Al no hacer caso y huir rumbo a su
casa, fue perseguido por los patrulleros hasta su domicilio, donde al bajar de su vehículo, lo mataron a balazos.
Sus padres aseguran que su otro hijo, Ernesto Pérez, se encontraba durmiendo en su casa, y que al escuchar las detonaciones salió a auxiliar a su hermano. Fue recibido a tiros por los policías, muriendo ahí mismo también.
Como es su costumbre, el gobierno orizabeño propaló a través de las redes sociales y sus canales oficiales de comunicación que se había tratado de un “enfrentamiento” y que los asesinados por los policías eran “delincuentes”.
Solamente la reacción de quienes los conocían como profesionistas honrados, uno odontólogo y el otro maestro de matemáticas, desmintió la acción criminalizante operada por la autoridad municipal por órdenes del superior directo de los gendarmes, el -al parecer inamovible- director de Gobernación del Ayuntamiento, Juan Ramón Herebia.
Sobre este funcionario y sus policías pesan un sinfín de señalamientos por abuso de autoridad, tanto durante la actual administración que encabeza Igor Rojí, como desde los dos periodos como presidente municipal de Juan Manuel Diez Francos, en los cuales Herebia desempeñó las mismas funciones como jefe de la policía municipal.
Tan solo el pasado 5 de julio, el profesor y fotógrafo Oliver Coronado Paz fue detenido arbitrariamente por la policía municipal por tomar imágenes en la vía pública. De acuerdo con su testimonio, fue presentado ante el mismo Herebia,
quien la emprendió a insultos y amenazas a su vida pues lo acusó de tomar gráficas a un gimnasio de su propiedad. “Si aun así con esta advertencia le pasa algo a mi negocio o a mi familia, yo mismo te voy a ir a sacar de cualquier pinche
lugar donde estés, y yo, con mis propias manos, te voy a abrir para sacarte todas las tripas, y te van a ir a encontrar en un lote baldío”, le habría dicho Herebia a Coronado, según este último.
Dos años antes, el activista Jairo Guarneros Sosa fue víctima de un atentado a balazos luego de encabezar una protesta para exigir la presentación de policías municipales que impactaron un taxi, matando a una mujer y dejando malherida a otra. En ese entonces, Juan Ramón Herebia pidió una “salida digna” para los uniformados y horas más tarde, Guarneros fue baleado.
A todo ello hay que sumar las constantes agresiones de la policía orizabeña en contra de quien a su juicio “transgrede” la ley al protestar, vender, transitar o tomar imágenes en las calles del “pueblo mágico”. O simplemente, contra quien les parece sospechoso de cualquier cosa. Ni qué decir del brutal incremento de la inseguridad y la violencia en Orizaba desde que Herebia ocupa el cargo.
Como en todas esas ocasiones, a las críticas y señalamientos el gobierno municipal orizabeño respondió primero criminalizando a las víctimas. Y en el colmo del cinismo, ante la avalancha en redes sociales, el propio Herebia salió a quejarse del “linchamiento” a la policía municipal “con manifestaciones morbosas y personales, sin fundamento alguno ni apegadas a la verdad”, dejando en manos de la Fiscalía de Distrito el dictamen sobre lo que “realmente sucedió”.
Todo apunta a una ejecución extrajudicial. ¿A los cuántos asesinados en caliente relevarán del cargo a Herebia?
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