Comunicado 1700 Congreso del Estado
· El decreto busca adecuar la Ley a la realidad operativa y funcional de los entes públicos.
Durante la sesión extraordinaria, el pleno de la LXIV aprobó con 34 votos a favor, 11 abstenciones y 1 voto en contra el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 52 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, a fin de lograr una revisión más amplia en la fiscalización de las cuentas públicas, permitiendo mejorar en el combate a la corrupción.
El dictamen fue resultado de la iniciativa presentada por el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, el pasado 19 de julio del año en curso, con la intención de adecuar la Ley a la realidad operativa y funcional de los entes públicos.
Actualmente los titulares de los entes públicos son a quienes se les notifica las observaciones pendientes por solventar, y con la reforma aprobada se les notificará directamente a los servidores o ex servidores públicos responsables del uso de los recursos públicos.
Con ello se evitará retardar la solventación de las observaciones, beneficiando a las instituciones con mejores prácticas administrativas.
– Contará el Sistema Estatal Anticorrupción con recursos etiquetados-
Con 33 votos a favor y 15 abstenciones, el Pleno aprobó el decreto que adiciona y reforma las Leyes de Responsabilidades Administrativas; de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas; del Sistema Estatal Anticorrupción; las Orgánicas del Poder Ejecutivo y del Legislativo, todo ello con el objetivo de garantizar que las autoridades del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) cuenten con recursos ya etiquetados para operar adecuadamente, mismos que deberán ser contemplados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Esta reforma fue propuesta por el Grupo Legislativo Mixto, Juntos por Veracruz a través del diputado Ernesto Cuevas Hernández, el 11 de septiembre del año en curso y busca que las y los veracruzanos conozcan el costo que tendrá el prevenir, detectar, combatir y sancionar los eventuales actos de corrupción provenientes de servidores públicos.
