• Fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales la petición de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Durante la novena sesión ordinaria, del primer periodo, correspondiente al segundo año de labores, la LXV Legislatura turnó a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales el oficio, enviado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por el cual solicita a esta Soberanía la suspensión y revocación del mandato de los ciudadanos José Paulino Domínguez Sánchez y Lucero Yazmín Palmeros Barradas, presidente y síndica, respectivamente, del ayuntamiento de Actopan.
Por otra parte, se dio entrada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el informe, remitido por la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), respecto a la revisión del manejo y disposición final de residuos sólidos, realizado por dicho órgano, el cual contiene los resultado del análisis de información proporcionada por los ayuntamientos de la entidad, a través de los Órganos Internos de Control.
Lo anterior, en atención al exhorto emitido por este Poder Legislativo en la sesión del 25 de julio de 2019.
En otro tema, las diputadas Vicky Virgina Tadeo Ríos, Montserrat Ortega Ruiz y María Esther López Callejas, así como el legislador Jorge Moreno Salinas, remitieron su primer informe de actividades. El Pleno se dio por enterado.
De igual manera, en el desahogo de los temas del Orden del Día y como consecuencia del fallecimiento del C. Genaro Rodríguez Hernández, Subagente Municipal propietario de la localidad “La Frontera”, perteneciente al Municipio de Misantla, se llamó al C. Eleuterio Rivera, subagente municipal Suplente, para que previa protesta de ley ante Cabildo, pase a desempeñar el cargo referido.
De igual forma fueron aprobados diversos dictámenes de acuerdo por los que se autorizó a los ayuntamientos de Ayahualulco y Jalacingo a donar, de manera condicional y en su caso revocable, fracciones de terreno de propiedad municipal a favor del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz, para el funcionamiento de diversas escuelas.
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