• Presenta el legislador José Andrés Castellanos iniciativa que prevé señalar facultad del Estado para promover convenios a fin de otorgar estos apoyos a personas con discapacidad.
Como una medida de apoyo para las personas con discapacidad de la entidad, el diputado José Andrés Castellanos Velázquez presentó la iniciativa que reformaría las fracciones X y X del artículo 11 de la Ley para la Integración de las Personas con Discapacidad para señalar que el Estado deberá promover la celebración de convenios orientados a otorgar de manera gratuita medicamentos para el tratamiento de salud de las personas con discapacidad.
La propuesta legislativa indica que el Estado deberá promover, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, bancos de prótesis, órtesis, ayudas técnicas y medicinas de uso restringido, y facilitar a las personas con discapacidad de escasos recursos su gestión y obtención de manera gratuita.
El también presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social, Humano y Regional sostuvo que de acuerdo a estadísticas del Informe “La Discapacidad en México, datos al 2014”, publicado por el INEGI, muestran que en México habitan alrededor de 7.1 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 49.6 por ciento, se localizan en siete entidades federativas: Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Veracruz.
Agregó que en Veracruz, con base en datos del informe mencionado, habitan casi seiscientas mil personas con discapacidad, representando el 7.5 por ciento del total nacional, localizando a Veracruz como la tercera entidad con mayor población de personas con discapacidad.
El integrante del Grupo Legislativo de Morena en el Congreso de Veracruz detalló que según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para el año 2017, el 49.4 por ciento de las personas con discapacidad vive en situación de pobreza, de los cuales al menos el 10 por ciento está en pobreza extrema.
Dijo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) resalta que sólo el 25 por ciento de las personas con discapacidad con una ocupación económica tiene contrato y sólo 27 por ciento cuenta con prestaciones médicas.
Las personas con discapacidad tienen el derecho a gozar del más alto nivel posible de los servicios de salud, expresó el diputado, quien agregó que el espíritu de la presente iniciativa es que el Estado, a través de las instituciones competentes, apoye con el otorgamiento de las medicinas necesarias para rehabilitaciones, tratamientos o aquellas de uso diario por su situación de discapacidad.
La iniciativa fue turnada, para su análisis, a las Comisiones Permanentes Unidas de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y la de Salud y Asistencia.
