Aurelio Contreras Moreno
El enfrentamiento entre la Fiscalía General y el Gobierno del Estado de Veracruz está alcanzando niveles francamente ridículos, que ponen en entredicho el funcionamiento institucional de la entidad.
Este martes, la Fiscalía a cargo –sí, todavía- del yunista Jorge Winckler Ortiz inauguró el Centro Integral de Justicia para la Mujer de Xalapa, que formalmente y más allá de las disputas políticas, debería representar un avance en el acceso de las mujeres a la justicia, ya que en este organismo confluirán todos los niveles de autoridad encargados de darles atención a los casos de violencia, reuniendo en un solo espacio a representantes del Tribunal Superior de Justicia, del Instituto de la Defensoría Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la propia Fiscalía.
Sin embargo, la confrontación política pudo más que la institucionalidad y la búsqueda del bienestar de las mujeres veracruzanas. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez no acudió al acto y envió a funcionarios menores en representación de su administración, lo que dio pie a que Winckler se adjudicara el mérito por la edificación del inmueble –que de cualquier forma tenía que hacerse- y que se “quejara” de la ausencia de coordinación entre el Ejecutivo y el organismo que aún encabeza, contra viento y marea.
Ausencia de coordinación que sí ha tenido consecuencias. Durante el primer mes de gobierno de García Jiménez, entre el 1 y el 31 de diciembre pasados, se registraron 138 asesinatos a lo largo del territorio veracruzano, de los cuales, de acuerdo con lo registrado por los medios de comunicación, 20 fueron de mujeres, el grupo poblacional al que se le tendría que dar acceso a la justicia a través del mencionado centro.
Por supuesto que Winckler juega a hacerse la víctima sin que le quede el papel. Durante la pasada administración la violencia se disparó a pesar de que, como él mismo admitió, sí tenía coordinación plena y directa con el secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié y en especial con el gobernador al que le debe el cargo, Miguel Ángel Yunes Linares.
A diferencia de lo que hace ahora, que convoca a ruedas de prensa semanales, concede entrevistas y ofrece declaraciones, durante el anterior gobierno Winckler Ortiz fue el más opaco de los funcionarios, so pretexto del “debido proceso”. Hubo incluso quien lo denunció por bloquear periodistas en su cuenta de Twitter. Lloriquear ahora para justificar su incompetencia y su ausencia de autonomía en el pasado es parte del libreto de un montaje político.
El verdadero problema es que en medio de la reyerta institucional que mantiene semiparalizada la procuración de justicia en Veracruz, los perjudicados no son los políticos sino las víctimas de la delincuencia y la violencia, que ni ha disminuido ni puede combatirse con eficacia porque la guerra morenismo-yunismo mantiene distraídas a las autoridades de lo que en realidad debería constituir su prioridad como servidores públicos: las veracruzanas y los veracruzanos.
El tema de la violencia contra las mujeres y contra todos los ciudadanos debería ser abordado con seriedad y respeto por quienes ostentan responsabilidades públicas. Pero en Veracruz es un pretexto más para continuar aventándose mierda entre facciones políticas.
A ver cuándo empiezan a darse cuenta que hay que gobernar este estado.
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