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Ecuador: el Gobierno de Lasso dice que derogar la Ley de Comunicación acabará con las persecuciones

La propuesta que se tramita en el Legislativo, según la versión oficial, acabará con la época de persecución. Sin embargo, hay otro proyecto presentado sobre la misma ley que busca ser debatido.

Una de las primeras acciones del presidente Guillermo Lasso al asumir el poder fue enviar a la Asamblea Nacional –como se denomina el congreso ecuatoriano– el proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Comunicación. La propuesta busca derogar la Ley de Comunicación expedida durante el gobierno de Rafael Correa en 2013 y que sirvió para perseguir y sancionar a medios de comunicación, periodistas y columnistas opositores.

Con el envío del proyecto de ley al Legislativo, la versión oficial se ha centrado en que esta ley garantizará “el inicio del nuevo Ecuador del Encuentro”. El “Gobierno del Encuentro” es el slogan comunicacional del gobierno de Lasso.

“Hace años vimos cómo los medios y ciudadanos fueron perseguidos con organismos reguladores y sancionadores de la comunicación. Era indispensable marcar la cancha del Gobierno del Encuentro que garantiza la libertad de expresión y poner fin a la era de persecución”, dijo el secretario General de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, en una entrevista con un medio de comunicación.

Según lo informado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, los 14 artículos del proyecto de Ley se centran en la eliminación de la calumnia como delito penal, la garantía a los periodistas para la reserva de sus fuentes, la prohibición de la censura previa y la autorregulación de los medios de comunicación con códigos de ética; “precautelando su autonomía e incentivándolos a ejercer un periodismo responsable”.

A pesar de lo anterior, desde la sociedad civil se han realizado acciones para también presentar un proyecto de ley que garantice la libertad de expresión.

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios- Fundamedios ha encabezado el proceso para la creación de un proyecto de ley y también de un grupo parlamentario por la libertad de expresión. Según un comunicado de Fundamedios, su director ejecutivo, César Ricaurte, señaló que 34 organizaciones sociales, medios, profesionales, han trabajado conjuntamente para promover esta iniciativa, y que “es grato saber que la misma fue recibida con tanto entusiasmo, al contar con la presencia de alrededor de 50 asambleístas y/o sus asesores”.

El proyecto de Ley elaborado por Fundamedios fue presentado en la Asamblea Nacional por el director ejecutivo de Fundamedios, y los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio, miembros del Grupo Parlamentario por la Libertad de Expresión. El proyecto cuenta con 16 artículos encaminados a proteger el trabajo periodístico, garantizar la sostenibilidad de los medios de comunicación y facultar al Consejo de Comunicación para garantizar el ejercicio, promoción y cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y prensa, informó la organización.

La legisladora Marjorie Chávez aseguró que el proyecto fue construido con todos los actores de la prensa y la comunicación del Ecuador y aseguró que se recogieron las iniciativas surgidas a lo largo de los años. Chávez aclaró que la propuesta está alineada con la iniciativa enviada por el Ejecutivo el 25 de mayo.

Para el asambleísta Fernando Villavicencio, que fue perseguido durante el gobierno de Rafael Correa por denunciar casos de corrupción y que fue autor de la investigación que llevó a juicio a Correa durante el gobierno de Lenín Moreno, el proyecto de Ley es un sentir de organizaciones como Fundamedios que lucharon contra el abuso del poder: “Es importante que desde la Legislatura se sintonice y se capte el propósito de construir una ley que represente una alternativa de defensa de la sociedad y la necesidad de acceder a la información. Más periodismo, más democracia”, dijo.

El Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional deberá conocer y calificar ambos proyectos para enviarlos a la comisión correspondiente, que resolverá si los proyectos deben ser o no debatidos en el pleno del Legislativo.

Información: Infobae

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