La declaratoria de inconstitucionalidad no daría autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro sobre distribución de la cannabis
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó la declaratoria general de inconstitucionalidad sobre la prohibición del uso lúdico y recreativo de la mariguana.
El proyecto que propone eliminar de la Ley General de Salud a la mariguana como droga ilícita y privilegiar el derecho a decidir de las personas alcanzó mayoría calificada en su votación, es decir, ocho de los 11 ministros que integran el Pleno de la Corte se pronunciaron a favor de la declaratoria general de inconstitucionalidad.
“Hoy es un día histórico para las libertades, después de un largo camino, esta Suprema Corte consolida el derecho al libre derecho de la personalidad para el uso lúdico, recreativo, de la mariguana. Se confirma una vez más que los instrumentos que la Constitución tiene para la defensa de los derechos funcionan y que un un Tribunal Constitucional es esencial para el desarrollo de estos derechos, para su defensa y para cambios sociales que difícilmente se pueden dar en sede solamente Legislativa.
“El día de hoy, este Tribunal Constitucional reitera y reafirma una vez que su único compromiso es con la Constitución y que actúa con plena independencia y autonomía”, enfatizó Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.
El proyecto de este asunto fue elaborado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y propone eliminar de la Ley General de Salud a la mariguana como droga ilícita y privilegiar el derecho a decidir de las personas.
El 31 de octubre de 2018, la Primera Sala de la SCJN emitió la jurisprudencia para el uso recreativo de la mariguana, tras haber resuelto en los tres años previos, cinco amparos que referían violaciones al libre desarrollo de la personalidad.
Las cinco demandas fueron promovidas por integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), así como del político Armando Ríos Piter, la chef Josefina Santacruz, el activista Aram Barra y el abogado Ulrich Richter.
A partir de ese momento se le ordenó al Congreso de la Unión legislar sobre la materia, pero este Poder solicitó en los últimos dos años hasta tres prórrogas para cumplir con el mandato del máximo tribunal del país, sin que hasta el momento hayan cumplido lo mandatado.
Con información de Milenio
