· Implicaría conceptos como inscripción, reinscripción, titulación, constancias, credenciales, exámenes profesionales y otros rubros.
El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) de la LXV Legislatura, en voz de la diputada María Graciela Hernández Íñiguez, presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, respecto del pago de derechos por ingreso y permanencia en todos los Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz.
En específico, proponen el pago igualitario en todas las instituciones educativas por conceptos como inscripción, reinscripción, titulación, constancias, credenciales, exámenes profesionales y al menos otros 35 rubros que causan un pago en las universidades.
La legisladora originaria de Misantla, mencionó que debido a la legislación vigente en la materia, las Universidades, así como los Institutos Tecnológicos de Educación Superior, cuentan con autonomía y facultad de gobernarse a sí mismas, por lo que tienen la potestad para fijar los términos de ingreso y permanencia de los y las estudiantes en cada plantel.
“La necesidad de ponderar la igualdad en el trato y en consecuencia el cobro a los alumnos, de todos los planteles, se basa en la necesidad de generar cada día, mejores condiciones de acceso a la educación, la cual si bien está consagrada en el artículo tercero de nuestra Carta Magna, debe ofrecer en la operatividad condiciones de estímulo e impulso a los estudiantes universitarios”, expresó la diputada.
En el caso del Tecnológico de Misantla, ejemplificó, esta homologación se traduciría en un ahorro de hasta el 50 por ciento en algunos rubros, lo que representa un aliciente importante a la economía de los estudiantes.
Dijo que actualmente hay importes por pago de derechos que van más allá de un monto simbólico, sino que por ejemplo, en algunos Tecnológicos, el costo por titulación es de casi 5 mil pesos, en tanto que la iniciativa suscrita, propone un importe de 2,200 pesos, cantidad moderada y justificada en virtud de la carga administrativa que conlleva cada proceso.
La propuesta, presentada durante la novena sesión ordinaria, garantiza y pondera, con perspectiva de derechos humanos, un trato igualitario a los alumnos de los planteles, sin vulnerar la autonomía de gestión de las instituciones, indicó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Hacienda del Estado para su estudio y dictamen correspondiente.
