Las autoridades educativas prestarían sus servicios, con el uso de tecnologías, para atender a quienes abandonaron el sistema regular, con el fin que concluyan sus estudios.
Con la finalidad de que todo adulto que, por cualquier motivo, haya abandonado sus estudios, tenga la posibilidad de concluirlos y así poder apoyar de mejor manera a sus hijos o familiares a su cargo, en las tareas educativas, la diputada Ivonne Trujillo Ortiz presentó al Pleno de la LXV Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 90 de la Ley de Educación estatal.
De acuerdo al texto vigente de la ley, las autoridades educativas estatales y municipales adoptarán medidas y acciones para propiciar el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad con equidad y la efectiva igualdad de oportunidades para el acceso y permanencia en los servicios educativos, con preferencia a los grupos y regiones de mayor rezago educativo o en condiciones económicas y sociales de desventaja.
La propuesta de la diputada Trujillo Ortiz radica en que, para cumplir con lo señalado en la legislación, las autoridades educativas estatales y municipales deberán prestar servicios educativos apoyados en el uso de las herramientas tecnológicas, para atender a quienes abandonaron el sistema regular y están en situación de rezago educativo, con el fin de que concluyan la educación básica y media superior, otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia, y egreso a las mujeres.
El objetivo principal que busca esta modificación es que los adultos que tienen a su cuidado y responsabilidad a menores de edad, que reciben educación a través de las Tecnologías de la Información, tenga la posibilidad de culminar con su educación básica y media superior que les permita poder apoyar a sus hijos o familiares a su cargo en las tareas.
La legisladora expone que, dada la emergencia sanitaria que se vive por la Pandemia, del Covid-19, el Estado tiene la obligación de brindar los medios y herramientas de trabajo a las y los maestros, también con los millones de niñas, niños y adolescentes para brindarles el acceso a la educación, pues es un derecho Constitucional.
Señala que esta situación afecta a todos, principalmente, a los grupos vulnerables, toda vez que su capacidad para contar con los elementos de aprendizaje está disminuida. “En ese sentido, de todos los riesgos, el más grave para el sector educativo es el abandono escolar”, abundó.
Agrega que, de acuerdo al diagnóstico 2018 de la organización Mexicanos Primero, registró que de cada 100 niños que inician su educación primaria, una tercera parte deja de estudiar, 70 la terminan. De ellos 46 acreditan la secundaria, 23 la preparatoria, solo diez la licenciatura y dos, o tres, hacen un posgrado.
Posteriormente, indica que el Gobierno Mexicano le está apostando a las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el aprendizaje de diez millones de estudiantes de todos los niveles educativos que se han visto privados de la enseñanza presencial, lo cual –consideró- debe aprovecharse para apoyar a quienes por alguna razón dejaron sus estudios.
Tras la lectura en tribuna, la Mesa Directiva instruyó remitir la iniciativa a la Comisión Permanente de Educación y Cultura para el trámite legislativo correspondiente.
