Por Aurelio Contreras Moreno
A menos de una semana de que asumiera el poder el nuevo régimen a nivel federal y estatal, su impacto más inmediato en Veracruz ha sido la salida de la cárcel de dos ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El primero fue el ex contralor y ex secretario de Finanzas y Planeación Mauricio Audirac Murillo, quien el pasado lunes 3 de diciembre obtuvo un amparo para continuar con su proceso penal en libertad, en el que se le imputan delitos como asociación delictuosa y peculado.
Un día después, el ex secretario de Comunicaciones y ex director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, el empresario Francisco Valencia García, acusado de haber desfalcado a ese último organismo, obtuvo el mismo beneficio pero sin amparo de por medio. La jueza del caso, Alma Aleida Sosa Jiménez, simplemente resolvió modificar sus medidas cautelares para que el proceso continúe con él fuera de prisión.
Ambos llevaban más de un año internados en el penal de Pacho Viejo, en el municipio de Coatepec, y eran, junto con otros varios ex integrantes del gobierno de Javier Duarte, una especie de “trofeos de caza” de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y el ejemplo de su “combate” a la corrupción.
A la par de estas dos liberaciones, de manera inédita el mismo lunes el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, ofreció una rueda de prensa a distancia desde el mismo centro de readaptación social de Pacho Viejo, para denunciar supuestos actos de tortura y coacción de los que asegura haber sido “víctima” del fiscal general Jorge Winckler Ortiz, del ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y del ex secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié. Facilidades que no tiene cualquier recluso común y corriente.
Todo esto en los primeros cuatro días de Morena en el poder, en la República Mexicana y en el estado de Veracruz. Y en política no hay coincidencias. Menos aún, tan “afortunadas” como éstas.
En un santiamén, tanto el gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el secretario de Gobierno –y operador directo del lopezobradorismo en la entidad- Eric Patrocinio Cisneros, salieron a prácticamente darle la razón a los duartistas. El mismo lunes, el mandatario estatal dio por buena la versión de Bermúdez Zurita –a quien los colectivos de desaparecidos y muchos familiares de víctimas no dudan en señalar como un criminal-, al publicar en su cuenta de Twitter que “fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación de bienes’, ‘denuncias e investigaciones’ contra Duarte y sus ex funcionarios”.
Sin duda, el anterior gobierno y sus resabios en la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial cometieron excesos, negociaron la aplicación de la ley y abusaron del poder de forma reiterada. Pero una cosa es reconocerlo y actuar en consecuencia, y otra muy diferente es darle a los ex funcionarios duartistas la absolución.
El desfalco a las finanzas estatales, el terror y la violencia homicida en la que los fide-duartistas sumieron a Veracruz los trágicos 12 años que gobernaron fueron reales, no se los inventó nadie. Los veracruzanos los padecimos. Muchos, miles, no vivieron para contarlo.
Salir ahora con que todos van a la calle y nadie responde por sus tropelías, que fueron documentadas incluso antes de 2016, sería un acto de brutal irresponsabilidad de la nueva administración estatal, que en buena medida está ahora en el poder por los mismos motivos que la que acaba de concluir: porque la población votó para echar del gobierno y castigar a los corruptos. No para que les abran la reja y los dejen ir sin más.
A menos que por ahí vaya aquello de la “amnistía”. Y que los pactos sean así de inmorales.
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