Los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron el primer dictamen de la Ley de Ingresos, que es una reforma para que estados y municipios encaren de mejor manera las crisis sanitaria y económica que ha dejado el Covid-19.
Con el voto en contra del PT y una abstención del PRI, los integrantes de la Comisión de Hacienda aprobaron el primer dictamen de la Ley de Ingresos, que es una reforma para que estados y municipios encaren de mejor manera las crisis sanitaria y económica que ha dejado el Covid-19 y que servirá para reestructurar la deuda a corto plazo, celebrada en el ejercicio anterior a aquel en que se observaron caídas mayores al 5% del PIB.
Con esto, se inicia el debate de la Ley de Ingresos de la Federación, que también incluye la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal.
Este dictamen, que ya fue enviado al pleno para su discusión esta misma tarde con 26 votos a favor, 2 en contra y una abstención, también se prevé que se podrá ampliar la fecha de liquidación, establecer periodos de pago de capital iguales y consecutivos de la deuda, para que puedan programar sus pagos en función de sus ingresos.
Esta reforma modifica la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.
El diputado federal de Morena, Carol Antonio Altamirano, dijo que lo que se propone es cubrir situaciones y omisiones que hoy son una camisa de fuerza. En la discusión de la anterior Legislatura nadie previó que, así como se requieren medidas extraordinarias por temas de Seguridad Pública o Protección Civil, también se necesitaría enfrentar crisis de salud o impactos económicos originados por una emergencia.
Refirió que esa es un agravante de los problemas que estamos viviendo en todas las entidades federativas y que ahora debemos resolver.
Destacó las medidas que serán de mayor impacto y utilidad como la de servicios personales presupuestados (Art. 13 fracción V; transitorio sexto del decreto de expedición de abril 2016) y recordó que la ley señala que, una vez aprobados los servicios personales en los presupuestos locales, no podrán aumentarse; es decir, que no se puede contratar personal adicional. Por esa razón se debe ajustar el texto para atender una emergencia una vez que sea reconocida por la autoridad competente.
“Esa modificación quedará vigente a partir de este año y para siguientes ejercicios. Es una precisión necesaria porque de otra manera estará prohibido contratar personal de salud adicional, aunque se necesite, bajo el argumento absurdo que eso no estaba presupuestado cuando se discutió el presupuesto de cada estado.
“Incluso habría sanciones si, como recurrentemente se presenta, se transfieren recursos adicionales durante el ejercicio para apoyar el cierre del año o cubrir necesidades emergentes”, apuntó.
También dijo que se incorpora la definición de emergencia o contingencia sanitaria, para que los recursos previstos en los presupuestos estatales para emergencias también se destinen a acciones extraordinarias en materia de salubridad general.
Apuntó que eso es una corrección a una omisión legislativa y la referencia a recursos se limita a, por ejemplo, huracanes o sismos, pero no hay previsiones similares en el caso de emergencias sanitarias.
Por su parte, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, votó en contra porque acusan que los estados y municipios podrán contraer más deuda para hacer frente a las crisis económicas.
Después de esta aprobación, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, decretó un receso para que todos los integrantes de la Comisión tuvieran en su poder la Ley Federal de Derechos, que es el siguiente dictamen a debatir.
