– De acuerdo con Guadalupe Osorno, se presume la existencia de empresas fantasma en dependencias de Gobierno del Estado
Xalapa, Ver., 04 de octubre de 2018.- Debido a que en la Cuenta Pública 2017 se maneja un posible daño patrimonial de aproximadamente de 400 millones de pesos, la siguiente legislatura tendrá que ser cuidadosa y hacer esta revisión especial y minuciosa de la Cuenta Pública 2018, consideró la diputada local Guadalupe Osorno Maldonado.
La legisladora de Morena expresó esta inquietud, poco después de que los diputados panistas, perredistas y otros votaran en contra para que no fuera incluido en la sesión extraordinaria de este miércoles un pronunciamiento en torno a Cuenta Pública 2017, a fin de exhortar a la Comisión de Vigilancia a atender ciertos temas que preocupan.
“Nos preocupa este desvío o daño patrimonial de poco menos de 400 millones, pero también el manejo de los fideicomisos, las adjudicaciones directas que encontramos en cuatro dependencias, porque esas inconsistencias suben a 262 millones de pesos”.
Osorno Maldonado refirió que hay información de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) tiene un contrato por adjudicación directa por bienes informáticos por casi 5 millones de pesos, también de forma irregular, y no se reporta la entrega del servicio, no se hizo la entrega de la plataforma. En este caso, se habla una empresa fantasma que parece tener vínculos con el dirigente estatal del PAN.
A pregunta expresa de si la fracción parlamentaria de Morena será estricta al revisar que se aplique la ley, en caso de que nuevamente se confirmen casos de corrupción, la diputada Guadalupe subrayó que lo importante aquí es sanear y ver quién tiene responsabilidad en el mal manejo de los recursos del 2017.
Señaló que, al tratarse de recursos de 2017, “ni siquiera estamos hablando de desvíos que se fueron a la campaña, que evidentemente sí los hubo, cualquier ciudadano veracruzano se pudo dar cuenta del desvío de recursos para la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez”.
Osorno Maldonado dijo que, al hacer una revisión, encontraron adjudicaciones directas por 40 millones de pesos en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) por 71 millones de pesos. Este desvío –indicó- es respecto de las adjudicaciones directas y contratación de empresas de José de Jesús Mancha Alarcón, dirigente estatal del PAN, en esa secretaría.
“¿Qué quiere decir esto? que no siguieron los protocolos para licitar, para contratar un servicio, un proveedor en las mejores condiciones del mercado” subrayó la legisladora y mencionó que en espacios educativos hubo adjudicaciones directas por 78.8 millones.
“Nos preocupan las condiciones en que está la infraestructura escolar en nuestro estado y que no vimos una mejoría. Vimos viejas prácticas que habían sido señaladas por el gobierno de Yunes y ahora se están repitiendo”.
Agregó que en la Secretaría de Salud hay adjudicaciones directas irregulares por 71 millones y en el fideicomiso para el pago de la deuda se retuvo 6 mil 747 millones de pesos por pago de anticipos en Tesorería. “Ahí hay un fideicomiso que también pedimos tenga particular vigilancia”.
