• Propone Deisy Juan Antonio Iniciativa ante el Congreso de la Unión, a fin de reformar la ley y regular la venta y suministro de productos altamente calóricos.
La Diputación Permanente turnó a comisión una iniciativa ante el Congreso de la Unión, autoría de la diputada Deisy Juan Antonio, por la que busca reformar la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar el derecho que tienen éstos a una alimentación saludable, por lo que la obesidad y desnutrición se entenderán como un problema de salud pública.
Esta propuesta de reforma surgió ante la necesidad de hacer compatible la legislación mexicana con los instrumentos internacionales y regionales en los que se ha reconocido el derecho a la alimentación, con el fin de evitar conflictos dentro del sistema jurídico nacional.
Consecuentemente, las entidades federativas llevarían a cabo en sus legislaciones las adecuaciones pertinentes, con la finalidad de evitar conflictos, contradicciones, lagunas normativas e incertidumbre que impediría una adecuada aplicación y cumplimiento de la ley.
De acuerdo con la propuesta de la integrante del Grupo Legislativo de Morena, se reformaría el artículo 16 Bis de la citada ley para indicar que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una alimentación saludable que asegure su pleno desarrollo físico y mental, por lo que la desnutrición y la obesidad en estos sectores de la población nacional se entenderán como un problema de salud pública.
Mediante la reforma al artículo 16 Ter se prevé que, para contribuir en la eliminación de malnutrición de niñas, niños y adolescentes, se prohíbe la distribución, venta, regalo o suministro a éstos de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico en el territorio mexicano; misma acción aplicaría si ocurre en instituciones educativas, públicas y privadas, de educación básica y media-superior; incluye si esta acción ocurre a través de distribuidores automáticos o máquinas expendedoras.
De acuerdo con la diputada Deisy Juan Antonio, “la urgencia de hacernos socialmente responsables desde nuestras distintas perspectivas: madres, padres y tutores de familia, educadores, legisladores, entre otros, para eliminar hábitos nocivos para la salud de niñas, niños y adolescentes, como el consumo de este tipo de productos altamente adictivos”.
La iniciativa, presentada durante la Primera Sesión del Segundo Receso de este año, fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos de la Niñez y la Familia.
