· Defensa acusa al Poder Judicial y a la Fiscalía General de montar un espectáculo de sangre y terror para fincar responsabilidades al exfuncionario
Yazmín Hernández
Xalapa, Ver., 12 de noviembre de 2018.- Arturo Nicolás Baltazar, abogado de Luis Ángel Bravo Contreras, interpuso, este día, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra funcionarios estatales, por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de un deber legal y tortura.
Los acusados son el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), Edel Álvarez Peña; la juez de Control del Proceso Penal, Alma Aleida Sosa Jiménez; el titular de la FGE, Jorge Winckler Ortiz; el fiscal especializado en el Combate a la Corrupción en Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio; el fiscal Especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo Coronel Gamboa, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie.
Aseguró que estos seis funcionarios crearon un plan de terror para responsabilizar al exfiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, quien se encuentra recluido desde hace cuatro meses en el Centro Penitenciario de Pacho Viejo por el delito de desaparición forzada.
El jurista solicitó que el Congreso del Estado lleve a juicio político a los funcionarios del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por violar los derechos humanos del ahora imputado.
Explicó que la detención de su cliente, el pasado mes de mayo, fue arbitraria, pues gozaba de la protección concebida por un juez federal, sin embargo, sus derechos fueron pasados por alto.
El litigante acusó que integrantes del Poder Judicial y de la FGE montaron un espectáculo de sangre y terror -previo a las elecciones-, para fincar responsabilidades al exfuncionario.
Incluso después de ser detenido y presentado ante el Juzgado de Control y Procedimiento y Proceso Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, tuvo un receso, en donde la Juez de Control le expresó. “Amigo, me parte el alma todo esto. Sé que es una injusticia, pero debes lograr que actúen los jueces federales para que te puedan ayudar. Todo esto es orden de Edel Álvarez”.
No obstante, Aleida Sosa legalizó la detención de Luis Ángel Bravo, decretando la prisión preventiva por órdenes supuestamente del Presidente del Tribunal, quien, además, ordenó a los jueces integrar diversas pruebas en contra del imputado, como la supuesta declaración del ex director de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre Garza, y la de un “testigo fantasma”.
“Esto es una maquinación terrible. Todos estos hechos convirtieron a la Fiscalía en un instrumento de venganza, para privar a gente inocente de la libertad”.
Asimismo, pidió que la FGE entregue o presente las pruebas que supuestamente involucran a su cliente, ya que, hasta la fecha, las autoridades se niegan a entregarlas al Juez, lo que pone en entre dicho su acusación.
