Propone el diputado Wenceslao González Martínez reformas al Código Civil del estado.
Mediante una Iniciativa de Decreto presentada ante la Diputación Permanente, el diputado Wenceslao González Martínez propuso diversas reformas al Código Civil del estado, con el propósito de regular el Derecho de Superficie en la legislación civil veracruzana.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Primer Receso, el legislador explicó que el Derecho de Superficie consiste en la facultad de construir y mantener un edificio o plantación propia en suelo ajeno o el adquirir una construcción o plantación ya existente separada del terreno o predio donde se establezca o siembre.
Advirtió que, en la actualidad, en Código Civil están reconocidos siete derechos reales: Propiedad, Usufructo, Uso, Habitación, Servidumbre, Prenda e Hipoteca; sin embargo, el Derecho de Superficie se da en la cotidianeidad, pero no se encuentra regulado.
En virtud de este derecho –añadió-, el superficiante, es decir, el propietario de una finca otorga al superficiario, el derecho de levantar en el suelo de su propiedad, edificios o plantaciones de las cuales deviene titular bajo ciertas condiciones.
Enfatizó las ventajas de este derecho, el cual –dijo- abre posibilidades en el tráfico inmobiliario privado, facilita políticas del suelo en administraciones públicas, aumentando el valor de la propiedad para el propietario de ella, al realizar el superficiario obras o construcciones.
Al reiterar que el Derecho de Superficie no se encuentra contemplado en la legislación civil veracruzana, consideró necesario legislar en este respecto para resolver conflictos particulares, permitir asociaciones en negocios, en zonas urbanas o rurales y dar forma a proyectos inmobiliarios.
“La inclusión regulada del Derecho de Superficie en nuestro Código Civil vigente significaría un instrumento dinamizador de la construcción y de la actividad agrícola, que brindaría seguridad jurídica y originaría un nuevo modo de producción, siendo susceptible de constituirse en el estado de Veracruz por voluntad de los particulares, por no tratarse de un derecho que proteja un bien de interés público”, concluyó.
Tras la adhesión del Grupo Legislativo de Morena y de la diputada Florencia Martínez Rivera, la Iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
