*“Que los responsables enfrenten a la justicia y el Estado reconozca que se equivocó”
Papantla, Ver., 05 de noviembre de 2019.- Posterior a la desaparición forzada de jóvenes el 19 de marzo de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación por Violaciones Graves 6VG/2017; por ello, este día los gobiernos del Estado y de Papantla ofrecieron una Disculpa Pública.
“Se trata de aceptar la responsabilidad estatal debido a la desaparición forzada de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, cuyos derechos a la libertad e integridad personales fueron vulnerados por policías municipales; asimismo de sus familiares el derecho a la verdad, integridad y seguridad jurídica”, declaró el mandatario Cuitláhuac García Jiménez.
También lamentó que dos administraciones ocultaran actos delictivos de las corporaciones de seguridad e incluso se inculpara a las propias víctimas; además de que en el bienio pasado no se acatara la recomendación emitida por el organismo.
Destacó que el actual gobierno “atiende sus obligaciones, cambió las actitudes de desdén a los reclamos de justicia y con toda humildad ofrece disculpas en nombre de quienes, en altos cargos, con escasa visión y políticas equivocadas, alimentaron la confrontación soslayando el respeto a la vida humana. Que los responsables enfrenten a la justicia y el Estado reconozca que se equivocó.”
Por su parte, el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, puntualizó que esta acción representa la importancia de concientizar a través de la memoria histórica, para que las violaciones a los derechos humanos no se repitan.
“Las autoridades asumen el compromiso de implementar medidas necesarias y suficientes que faciliten el proceso de búsqueda de las víctimas, así como la reparación integral del daño y un diagnóstico para determinar si los policías municipales cumplen o no con los perfiles requeridos, cargo o comisión, tal y como se especificó en el documento recomendatorio”, dijo.
Mientras que el alcalde, Mariano Romero González, aceptó la responsabilidad de los servidores municipales, los actos que socavaron los derechos humanos de los tres jóvenes y posterior revictimización de las familias.
De igual forma, se comprometió a vigilar el cumplimiento a cabalidad de las observaciones e implementar las medidas necesarias. “Trabajaremos para garantizar el acceso a la justicia y que las víctimas indirectas reciban un trato respetuoso y digno”.
