*Con esta medida, el juez de control que lleva el asunto deberá realizar una nueva audiencia para determinar si vincula o no a proceso al exgobernador de Veracruz.
Un tribunal federal concedió un amparo a Javier Duarte, con lo que invalidó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso el 20 de mayo de 2018 por el delito de peculado.
Con este amparo, el juez de control que dictó dichas medidas deberá realizar una nueva audiencia para determinar nuevamente si vincula o no a proceso al exgobernador de Veracruz.
El tribunal señaló que se deben de analizar debidamente los hechos por los cuales se formuló la imputación a proceso, ponderar los datos de prueba que fueron incorporados por las partes y analizar las pruebas de manera fundada y motivada a la luz del artículo 16 de la Constitución, el cual habla de que nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio sin que medie mandamiento por escrito de una autoridad judicial.
Los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito advirtieron que la nueva decisión se tomará en libertad de jurisdicción del juez que conoce del caso, quien podría ratificar la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada, modificar algunas de las dos medidas o revocarlas.
De acuerdo con el expediente, Duarte promovió el amparo 106/2019 contra la citada vinculación a proceso y prisión justificada y, en primera instancia, el juez Primero de Distrito se lo negó al considerar improcedentes los alegatos.
El delito de peculado por el que se le acusa es por hechos ocurridos en el año 2014, cuando Duarte se desempeñaba como gobernador de Veracruz, y están relacionados con el manejo de los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento a cargo de la Comisión del Agua.
Según la acusación, Duarte ordenó en septiembre de 2014 que los recursos de las cuentas bancarias de la Comisión del Agua del estado de Veracruz se transfirieran a la Secretaría de Finanzas del Estado.
Este caso es distinto al de lavado de dinero, por el cual fue sentenciado en septiembre de 2018 a nueve años de prisión y una multa de 58 mil 890 pesos.
Con información de El Financiero
