Por: Aurelio Contreras Moreno
Si bien esta columna y su autor están en medio de unos días de asueto para atender asuntos de variada índole, a las manos de este reportero llegaron unos documentos que por su valor periodístico obligan a su análisis inmediato, dada la incidencia que tienen en el proceso de fiscalización en el estado de Veracruz.
Se trata de una solicitud de acceso a la información realizada al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, registrada bajo el folio 03806519, a la cual dan respuesta el director general de Asuntos Jurídicos, Oscar Ocampo Acosta, y la titular de la Unidad de Transparencia de ese organismo autónomo, Yadira del Carmen Rosales Ruiz.
Dicha solicitud de información, turnada a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Orfis el 26 de julio pasado mediante el oficio ORFIS-UT-433-07-2019, parte de la respuesta a una solicitud anterior, registrada con el folio 01117219 y respondida el 6 de mayo, en la que se admite que “el Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado no ha interpuesto denuncia alguna derivado de los Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas, en virtud de que dicha facultad se encuentra delegada al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos”.
Sin embargo, un mes después, el 4 de junio, el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, se presentó ante la Fiscalía General de la República para interponer personalmente denuncias por supuestas irregularidades detectadas en la contratación y operación del Sistema Estatal de Videovigilancia y en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno de Veracruz correspondiente al ejercicio 2017.
En virtud de esos hechos, en una nueva solicitud de información se solicitó al órgano fiscalizador responder: “¿cuántas denuncias ha interpuesto el titular del Orfis ante la FGR y por qué delitos? ¿Con qué atribución o facultad el titular del Orfis presentó las denuncias en la FGR? ¿Qué normatividad violó el titular del Orfis al acudir a interponer las denuncias ante la FGR si es el caso que carece de esa facultad? ¿Qué seguimiento existe respecto las denuncias anteriormente señaladas?” (sic).
La respuesta, emitida y firmada por el director general de Asuntos Jurídicos, Oscar Ocampo Acosta, no deja lugar a dudas: “ninguna denuncia fue interpuesta por el Titular del Órgano de Fiscalización Superior ante la Fiscalía General de la República. No corresponde al Órgano de Fiscalización Superior determinar los delitos que se pudieran configurar de las denuncias presentadas, lo cual es facultad del Ministerio Público Federal”.
“Es importante precisar que no correspondió al Titular del Órgano de Fiscalización Superior signar las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (…), es una facultad delegada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, subrayó Ocampo Acosta.
Con ello, queda evidenciado que el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, armó un montaje político-mediático cuando acudió ante la Fiscalía General de la República con denuncias que él no tiene facultad alguna para interponer, pero que se atribuyó falsamente para buscar sacar raja política en pos de su intentona reeleccionista al frente de este organismo, con lo cual podría incluso haber incurrido en delitos como los de simulación de actos jurídicos y usurpación de funciones públicas.
Lorenzo Portilla mintió y engañó a los veracruzanos para intentar conservar su puesto. ¿Qué más habrá sido y sería capaz de hacer para no perderlo?
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